Luego de que se diera a conocer una red de corrupción al interior de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tarímbaro, Michoacán, en la que están involucrados ex funcionarios de la dependencia y la jefa de prensa de la Procuraduría General de Justicia del Estado, documentos respaldan dichos señalamientos ,en el año 2014 la jefa de Prensa de la PGJE, Magdalena Guzmán Rosas, por imposición metió a trabajar a dicha Dirección a la psicóloga Nena Marcelle Núñez Huerta y a Cristhian Estefany Gómez Gómez, quienes en contubernio con el entonces Director de Seguridad Pública municipal, el inspector David Hernández Pérez, cometieron diversas acciones en contra del erario público, ahora que ha llegado una nueva administración a la Dirección de Seguridad Pública de Tarímbaro, han salido a la luz diversas irregularidades que incluyen duplicación de facturas y cobros por servicios que no se prestaron.
Por ejemplo, una factura por un motor con un valor total de 29 mil pesos, fue doblemente expedida con fecha 11 de enero de 2014 por la empresa Refacciones Usadas Aculco S.A. de C.V., ambas remitidas posteriormente al Ayuntamiento local. Asimismo, por el concepto “HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES DEL MES DE ENERO”, mensualmente se emitían facturas firmadas por Cristhian Estefany Gómez Gómez, entonces subdirectora Administrativa de dicha dependencia, y por David Hernández, por un monto de 16 mil pesos, desconociéndose hasta el momento los servicios devengados, entre otras irregularidades, se halló que se emitieron facturas por balizamiento de 37 patrullas de la Dirección de Seguridad Pública, cuando en un inventario entregado a la nueva administración que llegó a mediados de este 2015, se registraron sólo 25 unidades.
Sin embargo, éstas 25 unidades no existían físicamente, por lo que se las tuvo que buscar, hallándolas en corralones y talleres mecánicos de la capital michoacana, desmanteladas o chocadas, varias de las cuales, además, ni siquiera presentaban el balizamiento que se facturó; asimismo, se halló un sobreprecio por el balizamiento, que consiste en tan sólo la rotulación con vinilos de las unidades, llegando a cobrarse montos que iban desde los 20 mil 800 hasta los 30 mil 800 pesos, aunado a esto, se encontró que en la nómina de la Dirección de Seguridad Publica de Tarímbaro, como “aviador”, se hallaba un sujeto con el nombre de Enrique Canchola, como subdirector de Anticorrupción, quien cobraba sin presentarse a trabajar, otro grave hecho es la sustracción de armas de la Dirección de Seguridad Publica de Tarímbaro que fueron localizadas en el estado de Tamaulipas, desconociéndose hasta el momento cómo es que salieron de la Dirección y llegaron hasta la frontera norte del país.
