Tras la declaración del secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, donde confirmó que durante el gobierno vallejista existieron desvíos de recursos, de los que aún se desconoce su paradero, el senador Salvador Vega Casillas reiteró su llamado a la Auditoría Superior de Michoacán para que resuelva el caso y sancione a los responsables de las malas administraciones de los dineros del estado.
“Para nadie es una sorpresa lo que ahora nos están confirmando, el anterior gobierno priísta se caracterizó por sus malas decisiones, la falta de claridad en las finanzas públicas y en general su pésima gestión que ahora nos mantiene en un clima de ingobernabilidad e inestabilidad”, destaca en un comunicado.
Vega Casillas añadió que todo se ha venido destapando paulatinamente, primero con la parálisis en la obra pública y la deuda a constructores de más de 300 millones de pesos; luego la falta para el pago de aguinaldos e imposibilidad de cumplir las demandas sindicales; la Secretaría de Educación con un boquete de cuatro mil millones, y la crisis en salud que presenta crisis por 16 mil millones, así como la falta de pago a proveedores generales del gobierno.
Explicó que ahora que la administración de Salvador Jara ya tiene comprobado que existió un mal manejo de los recursos públicos, es necesario que exija a la Auditoría que haga más eficientes sus procesos de investigación, para que durante este año, que pudiera llamarse de transición, se encuentre a los culpables y el paradero de los recursos, además de que se aplique la reparación del daño y el siguiente gobierno pueda iniciar en mejores condiciones.
“Ocupamos que sean transparentes en este sentido, para saber cuales son las dependencias que presentan inconsistencias financieras y si estos desvíos implican que se caiga en subejercicio, pues el dinero se tendría que regresar a la federación; y si no, a quién se le debe y cuánto, para de esta manera replantear el monto de la deuda pública y saber hasta donde llega hoy el quebranto financiero”.
El senador panista ha insistido desde hace meses, en que el gobierno tiene que aplicarse en dar certeza a los michoacanos, haciendo justicia y fincando responsabilidades administrativas y penales, a aquellos que transgredieron la Ley de Servidores Públicos y metieron las manos en las arcas del erario, desfalcando y poniendo en riesgo el presente y el futuro económico de todos los michoacanos.
