El legislador por Michoacán del PRI-Verde en la Cámara de Diputados, Noé Bernardino Vargas, propuso una reforma constitucional para evitar conflictos de competencias entre autoridades federales y estatales en materia de sanidad, inocuidad y la calidad agroalimentaria, ya que actualmente diversas leyes federales y estatales regulan lo mismo, generan antinomias, confusión y duplicidad de trámites.
Según un comunicado, ante el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro indicó que su propuesta también pretende eliminar los procedimientos engorrosos, para que la autoridad pueda cumplir con su misión, es decir, la de verificar la plena sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria de los productos que alimentan a los mexicanos.
Bernardino Vargas dijo que de igual forma pretende establecer la concurrencia del Gobierno federal, de los gobiernos de los entidades y de los municipios para garantizar el derecho a la alimentación, estableciendo obligaciones precisas para que las autoridades estatales y municipales contribuyan con recursos humanos, materiales y financieros para garantizar un piso mínimo de alimentación para toda la población.
Al señalar los objetivos generales de la reforma afirmó que se pretende que el Congreso de la Unión tenga facultades exclusivas para regular los temas de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentarias, además de establecer la concurrencia de los gobiernos federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, para garantizar el derecho a la alimentación.
El ex dirigente juvenil Priísta, explicó que el objetivo específico de su propuesta legislativa es reformar la fracción XXIX-E del artículo 73 de la CPEUM; adicionar un párrafo segundo al artículo 73 de la misma fracción
Finalmente, Omar Noe Bernardino, detalló que el campo no puede esperar más, tendremos que aprobar la reforma estructural para fortalecer al campo mexicano, para que sea más competitivo y más productivo; señaló también que en los artículos transitorios se establece un mandato para que el Congreso de la Unión expida la legislación en la materia dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo. Lo que conllevará también a que los estados armonicen sus legislaciones de acuerdo a lo que se establezca en la Ley que expida el Congreso de la Unión.
