Durante la trigésimo novena sesión ordinaria y pública del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, se aprobó en lo general el anteproyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a la vez que fueron rendidos el informe general de avance en la implementación del sistema acusatorio en la región Morelia, y el informe mensual que cada sesión rinde la Secretaría Ejecutiva de este órgano implementador.
Dentro de éste último, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, Secretaria Ejecutiva del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, hablo del área de capacitación, por ejemplo, se programó la celebración de 24 cursos para las instituciones operadoras y dos para abogados litigantes, los que se verán incrementados en 20 más,para las instituciones operadoras, debido a economías logradas, haciendo un total de 46. Ello, independientemente de las diez acciones de capacitación adicionales dirigidas a litigantes, maestros de derecho, estudiantes y funcionarios públicos.
En el área de infraestructura se ha autorizado ampliar las metas para adquirir un número adicional de muebles debido a economías, al igual que en el eje de tecnologías de la información en donde será posible adquirir un número mayor de equipos de cómputo que complementará el otorgado a la Defensoría de Oficio y será posible el apoyo también a la Secretaría de Seguridad Pública.
Igualmente será posible la celebración del Foro sobre Seguridad y Justicia en esta ciudad de Morelia, debido a la gestión del evento con el uso de economías y recursos adicionales de origen federal que han sido autorizados para su desarrollo.
Atendiendo a la solicitud de la diputada y consejera Cristina Portillo Ayala realizada en la pasada sesión del Consejo, Llanderal Zaragoza rindió el informe general del estado de avance en la implementación del Nuevo sistema de justicia penal en la primera región, Morelia, con la siguiente información:
Normatividad
En cuanto a normatividad se cuenta ya con las reformas necesarias a la Constitución Política del Estado y un nuevo Código de Procedimientos Penales. Este último, al igual que la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, también publicada, deberán adecuarse a las reformas a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas el 8 de octubre del año en curso, mismas que establecen la atribución del Congreso de la Unión de expedir la legislación única, entre otras, en materia procedimental penal, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
Otros ordenamientos aprobados y publicados son la Ley del Instituto de la Defensoría Pública y la Ley del Instituto Michoacano de Investigación Forense. Con respecto a la Ley de Justicia Indígena, existe ya una ley de justicia comunal publicada el 8 de mayo de 2007, misma que requiere de adecuaciones.
En análisis al interior del Congreso se encuentran los proyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial, del Código Penal, de Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa, de Ley para la Protección de Personas Intervinientes en el Proceso Penal, de Ley de Servicios Previos al Juicio y de Ley para la Atención y Protección de Víctimas y Ofendidos del Delito.
El proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia está en análisis al interior del Consejo y fue hoy aprobado por dicho órgano en lo general.
