* El diputado preguntó a colegas quién vigila al vigilante.
Boca del Río, Veracruz.
– Como decía don Benito Juárez, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad ni pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse al trabajo, viviendo de la retribución que marca la ley, advirtió el presidente del Congreso de Michoacán, Víctor Silva Tejeda, ante legisladores locales de todo el país que tratan de impulsar un federalismo legislativo renovado.
El presiso se hizo acompañar de varios y varias colegas de aca.
Ayer arrancó la primera asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, a la que asisten legisladores michoacanos, con un primer pronunciamiento para que haya una verdadera fiscalización legislativa que castigue la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
“¿Y quien vigila y audita al vigilante?”, planteó Silva Tejeda, al señalar que la percepción social no favorece al Poder Legislativo porque éste se muestra sin autoridad para vigilar e investigar la actuación gubernamental, principalmente la de la aplicación de los dineros públicos.
En el World Trade Center local, el michoacano expuso la necesidad de una fiscalización dinámica que preventivamente evite las distorsiones coyunturales en el gasto público.
Silva Tejeda llamó a los legisladores locales de la República a debatir si los órganos de fiscalización deberían de transitar por el camino de la ciudadanización, lo que provocó que algunos de sus homólogos pusieran en evidencia que en Michoacán existen normas que no se aplican.
En su intervención, el presidente del Congreso michoacano dejó en claro que el Poder Legislativo debe determinar responsabilidades, cuando las auditorías arrojan insuficiencias o aplicaciones incorrectas en el ejercicio del gasto, con el propósito de contribuir a la salud pública.
En el encuentro de 3 días de duración para intercambiar experiencias, rememoró que, en la antigüedad, la hacienda pública fuera manejada por el príncipe como si se tratara de un caudal propio, sin existir obligación de rendir cuentas al pueblo sobre el manejo de los fondos del Estado.
Recordó que, en la Inglaterra de Oliver Cromwell, un rey que no respetó los mandatos del Parlamento, fue derrotado en el enfrentamiento, quedó sujeto a juicio y fue decapitado.
Más adelante, Silva Tejeda señaló que desde hace 14 meses ya es obligatorio el Acuerdo por medio del que se hacen “Adecuaciones al Clasificador por Objeto de Gasto”, con el fin de establecer la base para que los gobiernos estatales y los ayuntamientos cumplan con las obligaciones que les impone la Ley de Contabilidad Gubernamental.
Asimismo, apuntó que, a más tardar el 31 de diciembre del año pasado debía haberse empleado el “Manual de Contabilidad Gubernamental” para realizar los registros contables.
Refirió que el Senado acaba de aprobar la propuesta de cambios a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, una de las dos iniciativas preferentes del presidente Felipe Calderón para armonizar y homogeneizar la información presupuestaria en los 3 órdenes de gobierno.
Consideró que en realidad no hubo grandes sorpresas durante la discusión.
Las modificaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Senado fueron pocas.
Quizá el cambio más importante fue incluir el tema de los ingresos excedentes y subejercicios en el gasto público, dijo.
Ahora, según el dictamen aprobado, además de presentar informes periódicos respecto a los ingresos ordinarios y su fuente de financiamiento, se deberá también incluir información sobre los ingresos excedentes generados.
De igual forma, respecto al ejercicio de egresos, los informes deberán identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios, explicó.
Silva Tejeda señaló que existe un vacío de información sobre el uso y destino de los ingresos excedentes, así como a los criterios para su asignación.
Lo mismo pasa con las reasignaciones de gasto y los subejercicios que ahora se reportan de manera muy agregada, lo que hace imposible conocer las razones por las cuales se hacen esas reasignaciones de gasto, cuestionó.
El legislador definió que la creación del Sistema Nacional de Fiscalización implica cambiar la estructura de los entes fiscalizadores, su organización operativa, así como adecuar las disposiciones legales y facultades de los entes fiscalizadores.
Ello –subrayórequiere fundamentalmente de un gran esfuerzo de coordinación y una buena dosis de voluntad política.
Manifestó que el Congreso es el espacio natural para desarrollar la transición política.
En ese sentido, convocó a promover leyes que restauren la confianza social.
México necesita reformas estructurales que hagan posible la modernización sin menoscabo de los derechos ganados, aclaró.
El diputado local se pronunció por una reforma que amplíe la base tributaria.
Además, propuso impulsar el proyecto de una Ley General del Sistema Nacional de Fiscalización, que defina alcances y responsabilidades para cada uno de los entes fiscalizados.
Y exhibió lo obsoleto que hoy resulta la Ley de Coordinación Fiscal, particularmente en el capítulo de fondos o ramos federales.
