Jiménez Martínez evidenció que en los ayuntamientos se replica la “mala práctica” de despedir a todos los trabajadores (no sindicalizados) siempre que inicia funciones una nueva administración, por lo que los ex colaboradores acuden al Tribunal para reclamar el despido injustificado y solicitar su reinstalación.
Apuntó que hay ayuntamientos que actualmente arrastran juicios desde 2005 o 2008, que implican laudos impagables: “Hay ayuntamientos que el laudo que tienen en su contra es mucho mayor al recurso que tienen asignado para obra pública”, indicó.
Desde su experiencia como presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, estos juicios impagables se generan porque los ayuntamientos no tienen el recursos para solventar los laudos, o bien porque determinan alargar los juicios para heredarlos a las siguientes administraciones que, a su vez, se niegan a responder con el argumento de que no fueron las que despidieron a esa gente.
“Hemos trabajado con los ayuntamientos para negociar laudos donde los trabajadores han aceptado incluso recibir el 50 por ciento de la cantidad. Otros se muestran reacios y prefieren, a través de algunos instrumentos, alargar los asuntos hasta la siguiente administración”, criticó.
A pregunta expresa, comentó que hay ayuntamientos que han sido embargados, y por poner ejemplos mencionó a Briseñas, Angangueo y Álvaro Obregón; sin embargo, hay otros municipios en los que no son ejecutables los embargos porque no tienen bienes con qué garantizar los laudos o porque los que existen ya están embargados y hay acreedores que esperan turno.
“Es una situación complicada, en su momento tendrá que intervenir la Auditoría Superior de Michoacán para que sea un tema que incluso sea llevado al Congreso”, enfatizó.
