* En Michoacán existe ya leyes de sobra para atender este tipo de problemas, pero las normas no se han traducido en políticas públicas efectivas.
* Es necesario modificar las políticas de atención y emprende una revisión a fondo de estos albergues, brindando asesoramiento jurídico, psicológico y de tratamiento físico. Que se emprenda una política multidisciplinaria en donde participen varias dependencias.
La exhibición mediática que se ha hecho del albergue de Rosa Verduzco, en donde vivían hacinadas 596 personas, de ellas 492 niños, que según las autoridades eran víctimas de maltrato y vivían en condiciones insalubres, pone en evidencia ausencia de una política pública para atender a los niños y jóvenes en estado de indefensión e indigencia, y también que el gobierno no ha instrumentado todo el cuerpo de Leyes que se han aprobado para atender a menores de edad y jóvenes que carecen de Protección Integral y Asistencia Social, destacó la diputada Selene Vázquez Alatorre.
La legisladora local reiteró que el caso del albergue de “La Gran Familia”, es la punta de iceberg de un problema que se vive en todo el país, en donde según datos Sistema Nacional DIF, hasta millón 600 mil niños huérfanos, de los cuales 703 mil vivían en albergues, y únicamente 29 mil estaban en albergues públicos.
En entrevista, Vázquez Alatorre destacó que este caso pone en evidencia que el Estado mexicano no posee políticas o de plano poco le interesa el destino de miles de niños en condición de vulnerabilidad, y que hasta el momento, las dependencias de los gobiernos Federal y estatales no cuentan con protocolos de las condiciones en que deben vivir y los requisitos que deben cumplir para operar los albergues.
-¿Qué ha quedado en evidencia con el caso de Mamá Rosa?
-Que existe una ausencia de una política pública para atender a los niños y jóvenes en estado de indefensión e indigencia, es decir que no tienen techo, alimento, carecen de acceso a la educación y formas para poder sobrevivir por sí mismos.
Por ello, organizaciones y asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada y otros han asumido la responsabilidad que el Estado no asume o carece de previsión para hacer, es decir, recibe y recoge a niños y jóvenes en condición vulnerable, pero no siempre cuentan con la capacidad económica, de infraestructura física o de recursos humanos para atenderlos.
En el caso particular de los niños de la casa “La Gran Familia”, es un caso sui generis, porque no sólo se trataba de un albergue de niños, sino que residían menores de edad, adolescentes y adultos, madres solteras, huérfanos, drogadictos, niños de la calle, y hasta personas de más de 30 años, y todos se hacinaban allí ante la falta de un techo, de un hogar y de alimentación.
-¿No se implementaron protocolos adecuados para atender a los menores?
– Si no hay políticas públicas, menos protocolos. Entre los niños que fueron localizados al interior de la Casa, hay casos de problemas de adicciones, otros niños tenían problemas familiares, y de estos últimos había muchos padres que sabiendo que sus hijos residían al interior, no hacía mucho por recuperarlos; entonces se trata de un tema muy complejo, que no sólo evidenció que los residentes vivían en condiciones insalubres, sino puso en entredicho la capacidad del estado mexicano para atender a sus ciudadanos.
No existe en la federación, ni en los gobiernos estatales tampoco, una política pública que defina qué hacer un menor o un joven drogadicto; que defina qué hacer con menores con problemas familiares, que manifiesta expresiones de violencia; que defina qué hacer con jóvenes que abandonan la escuela y su hogar; y los padres a veces tiene menos educación que los propios hijos y no saben cómo responder a situaciones en donde sus hijos requieren hasta de atención profesional.
-¿Quién debió haber revisado las condiciones del albergue de La Gran Familia?
-Las asociaciones privadas tienen que cumplir ciertas normas y la dependencia que más deben de vigilar este tipo de albergues es la Secretaría de Salud, para verificar que los orfanatos cumplan con ciertas normas de sanidad y otras. Pero en muchos casos sus revisiones carecen de rigor y profundidad y suelen ser muy superficiales.
En el caso del DIF, puede ingresar a los albergues como un sistema nacional a ver a los niños huérfanos, abandonados y tiene cierta responsabilidad con algunas adolescentes embarazadas o madres jóvenes, pero carece de instancias propias para atender éste tipo de fenómenos y de problemas.
Es posible que estas instancias intervengan, pero los gobiernos carecen de protocolos, de recursos y hasta de personal capacitado para atender a estos menores, para trasladarlos a albergues adecuados. En este caso decidieron enviarlos temporalmente al Centro Michoacano de Salud Mental (Cemisam), ¿pero qué van a hacer con los enfermos que están albergados en el Centro?, queda entonces en evidencia que se carece de una política pública para actuar en estos casos.
-Entonces ¿las autoridades simplemente destaparon el problema, pero sigue sin plantearse un cambio en sus políticas públicas?
-De entrada resulta increíble que al arranque del debate final de la más importante reforma impulsada por el gobierno, la Reforma Energética, se lance un impresionante operativo policial contra una mujer que ofrecía abrigo a niños que el Estado ignoró por años y, en un golpe de conciencia, recordó de pronto.
También se trata de un problema cultural y social, porque en muchas ocasiones fueron los padres los que llevaron a los menores a este albergue, porque no saben cómo atender un problema de orden familiar con sus hijos, en el caso de la adicción a las drogas o de actos de violencia. Y en este caso, las familias deciden recluir a los hijos con problemas en este tipo de albergues o anexos, que en la mayor parte de los casos son lugares muy sórdidos, que tiene que ser más rígidos en el trato y que carecen hasta de protocolos de atención a los menores y los jóvenes.
Resulta un escenario poco agradable, pero este tipo de albergues otorga soluciones que en la mayor parte de los casos el estado no las brinda.
-¿Qué se tiene que legislar desde la Legislación en estos casos?
-En Michoacán existe ya leyes de sobra para atender este tipo de problemas, pero las normas no se han traducido en políticas públicas efectivas. Los diputamos hemos aprobado leyes que protegen a los niños y las niñas, leyes que protegen a las víctimas de violencia, leyes que buscan atender a familiares de desaparecidos, que combaten la violencia familiar o la violencia en las escuelas.
Como vemos, leyes sobran en Michoacán y tratados internacionales también; el problema es que a partir de las leyes aprobadas, las instituciones y dependencias tienen que desarrollar políticas públicas concretas, y es aquí donde el Estado ha fallado.
En estos casos, la dependencia responsable es el DIF y un poco la Secretaría de Salud, pero en general este tipo de problemas no forma parte de las prioridades del Estado mexicano. No hay propuestas de atención a niños indigentes, a niños huérfanos, niños drogadictos, niños de la calle, adolecentes alcohólicos, madres solteras, y muchos desempleados.
Aquí es evidente que Rosa Verduzco asumió como suyos los deberes del gobierno.
-¿Qué hacer para evitar que se repita un caso de las características de La Gran Familia?
-En este caso todos vimos una ausencia del Gobierno, y para evitar estos problemas deben instrumentarse las leyes que ya se aprobaron para atender estos casos. No puede quedarse este caso como la exposición de Rosa Verduzco, quien desde hace 60 años se dedica literalmente a facilitar la especie de limpieza social de niños castigados porque se portaban mal o estaban incursionando en algún consumo de droga, o chicas embarazadas y requerían ocultar el mismo.
Es necesario modificar las políticas de atención y emprende una revisión a fondo de estos albergues, brindando asesoramiento jurídico, psicológico y de tratamiento físico. Que se emprenda una política multidisciplinaria en donde participen varias dependencias, no sólo el DIF o la Secretaría de Salud, sino la Procuraduría del Estado, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Finanzas, Política Social y otras.
