Tras destacar que con la iniciativa de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Congreso del Estado responde a las necesidades que enfrenta Michoacán, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil Bertín Cornejo Martínez destacó el esfuerzo interinstitucional para integrarla, lo que contribuirá a obtener mejores resultados en esa materia.
Destacó que entre los aspectos importantes que contempla el anteproyecto, que en breve será presentado al Pleno del Congreso, están que la seguridad pública se mantiene a cargo del Estado y los municipios, bajo la posibilidad de estos últimos de incorporarse al Mando Unificado.
Lo anterior consiste en la prerrogativa que los municipios delegan al Estado, a fin de que éste se haga cargo de los cuerpos policiacos, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Establece además que el máximo órgano en materia de Seguridad Pública en la entidad, será un Consejo integrado por representantes de la sociedad civil, que normará y fiscalizará las políticas y acciones en materia de seguridad pública.
De acuerdo a Cornejo Martínez, un aspecto relevante es que a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, se otorgan más prerrogativas a los ciudadanos para que se involucren en los programas y acciones efectuadas en la materia.
Este Centro funcionará como interlocutor y enlace entre la ciudadanía y las corporaciones y/o autoridades de seguridad pública, respetando en todo momento la privacidad de la información y el anonimato.
Se establece la obligatoriedad de que todas las autoridades en materia de seguridad pública aprueben los exámenes de control de confianza, para poder laborar en la dependencia.
Se establece la obligatoriedad de los diferentes cuerpos policiacos de brindar atención inmediata a las víctimas u ofendidos de delito, proporcionar auxilio, y cuando sea necesario, recibir las denuncias y/o querellas correspondientes, en armonía con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Hace énfasis además en la obligatoriedad del Gobierno como patrón, de otorgar una adecuada remuneración económica a los elementos de seguridad pública, otorgándoles a los trabajadores policiales la certeza de un salario digno y prestaciones justas, así como las sanciones que se deberá de imponer cuando no cumplan con cabalidad su encomienda, mismas que son respetuosas de los derechos humanos de los elementos.
