* Es sentenciado a más de 50 años de prisión.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, obtuvo una sentencia condenatoria de 56 años de prisión en contra del ex director de Seguridad Pública de Huetamo, por el delito de secuestro cometido en agravio de dos civiles, hecho ocurrido a principios del presente año en aquella cabecera municipal.
Una vez que el agente del Ministerio Público sostuvo todas y cada una de las pruebas aportadas tanto en la indagatoria como en el proceso penal, se acreditó la plena responsabilidad de Martín Ramos Torres, en la comisión del delito de secuestro.
Con relación a los hechos, se sabe que estos se registraron en el mes de enero del presente año en la población de Huetamo, donde el ahora detenido, quien en ese entonces se desempeñaba como Policía Municipal, por acuerdo de un líder de una organización criminal se trasladó a un bar ubicado en la misma localidad, sitio donde en complicidad con otros elementos, privaron de la libertad a dos civiles que convivían en dicho establecimiento.
En presencia de testigos, los agraviados fueron sacados del inmueble por los uniformados y llevados con dirección al mercado, lugar donde las víctimas fueron entregadas por el mando policial al líder del grupo delincuencial, sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero.
Los hechos fueron denunciados por familiares de los ofendidos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que de inmediato la Dirección de Antisecuestros dio inicio a las investigaciones correspondientes, lo que permitió la detención del director de Seguridad Pública, quien en su momento manifestó su responsabilidad en los hechos, sin embargo dijo desconocer el paradero de los ofendidos.
En el mes de marzo pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán ejercitó acción penal y consignó ante el juez a Ramos Torres, logrando obtener una sentencia condenatoria en su contra.
Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado, confirma su compromiso ante la ciudadanía de combatir por todos los medios legales el delito de secuestro y los demás ilícitos de su competencia, con el objetivo de hacer prevalecer el estado de derecho y recuperar la confianza de la sociedad en la institución del Ministerio Público.
