Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en coordinación con otros líderes de líderes empresariales en el rubro, analizan paralizar obras, proceder jurídicamente o incluso realizar movilizaciones sociales y tomas de dependencias para exigir al gobierno del Estado cumpla con los adeudos atrasados desde 2010.
El presidente en Michoacán del Comité Directivo de la CMIC, Francisco Gallo Palmer reveló que los adeudos con los constructores se ha ido incrementando paulatinamente y hasta este momento la cifra asciende alrededor de los 450 millones de pesos.
El líder empresarial consideró que los constructores han sido pacientes y han esperado que se cumpla el calendario de pagos que se fijo para el mes de octubre del año pasado, sin embargo, lamentó que no se haya podido concretar.
“Yo espero que el gobierno del Estado sí cumpla, sin embargo, nos extraña mucho es la falta de diálogo, nosotros insistimos y tocamos puertas casi diario de la Secretaría de Finanzas y no vemos una respuesta clara, no vemos un ánimo de arreglar las cosas y que lleguemos a un diálogo, que podamos llegar a una negociación o a un diálogo que hasta ahorita no tenemos”, lamentó.
Reveló que de las 250 empresas agremiadas a la CMIC, a un total de 120 se les adeuda alrededor de 450 millones de pesos, motivo por el cual el 100 por ciento se encuentra en números rojos e incluso durante el 2014 se vieron obligados a reducir 70 por ciento su plantilla laboral.
Y es que afirmó, la crisis económica del sector de la construcción ha ocasionado también que no puedan cumplir al 100 por ciento con los compromisos de fin de año con los trabajadores y este próximo 15 de enero la ley los obliga a finiquitar el aguinaldo a más de 25 mil empleados, pero no cuentan con el recurso suficiente.
Por ello, anunció que esta semana, varios líderes del ramo de la construcción de diversas cámaras empresariales, se reunirán para definir un plan de acciones para presionar a la administración jarista a cumplir con los adeudos atrasados.
Entre las acciones que los constructores analizarán implementar se encuentra el paro indefinido de obras en proceso, presentar demandas de tipo administrativo, bloqueo de las oficinas como Secretaría de Finanzas, Casa de Gobierno e incluso el Palacio Legislativo, además de dejar de cumplir con el impuesto del 2 por ciento sobre la nómina.
Esperó solidaridad por parte de la administración estatal, la misma que afirmó tuvieron los empresarios de la construcción, cuando algunos funcionarios de primer nivel, les pidieron su intervención para actuarán como gestores ante el poder Legislativo y coadyuvarán en las negociaciones para la aprobación del Decreto 22.
