La Comisión de Industria, Comercio y Servicios tiene lista la iniciativa de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Michoacán, a través de la cual se promoverán nuevas inversiones para infraestructura, en una relación entre las entidades gubernamentales y la iniciativa privada, refirió el diputado Antonio Sosa López.
El legislador local, quien el jueves 5 del mes en curso asumirá la presidencia de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán de la 72 Legislatura del Congreso del Estado, explicó que en la iniciativa se plantea la necesidad de contar con capitales que abonen al desarrollo de la entidad, con obras como centrales de abasto, centros de convenciones, museos, teatros, incluso caminos y servicios básicos.
Al referir que la iniciativa no es limitativa al tipo de obra, explicó que la asociación se presenta como un esquema de participación pública, con intervención de capitales privados en la construcción, operación y mantenimiento de obras para el bienestar social, es una relación jurídicocontractual, mediante la cual intervienen el Estado y el sector privado.
Esta relación tiene una meta de beneficio social amplio, bajo un financiamiento preponderantemente privado de largo plazo para la construcción de obra pública, mantenimiento de obra existente o prestación de servicios, o combinadas, sin la erogación de grandes cantidades de financiamiento público, siempre limitado y siempre sujeto a las políticas públicas prioritarias de acuerdo a tal o cual administración.
Se considera que la inversión del capital privado en la actualidad debe ser motor de la infraestructura en el estado, mediante los usuales modelos de contratación estatal: concesiones, contratos de prestación de servicios, arrendamientos y obra pública.
Es importante señalar que la Federación, así como varios estados como Nayarit, Baja California, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Estado de México y Nuevo León, entre otros, cuentan con legislación sobre Asociaciones Publico Privadas, con un buen resultado en la construcción de infraestructura entre los que se encuentran hospitales, carreteras, centros educativos, vivienda, agua potable o en cualquiera de sus servicios, trasporte y todo aquel que detone el desarrollo económico, social y de servicio.
Se pretende que Michoacán entre en esta dinámica.
Con base a la propuesta, explicó el legislador, el Estado fondeará los proyectos con capital no público, al mismo tiempo que proveerá de la solución a una necesidad de infraestructura real que se cubre con un costo a las finanzas públicas diferido durante un largo espacio de tiempo, y mediante un esquema de distribución de riesgos entre el capital público y privado que haga atractiva la inversión de este último.
De ser aprobada, esta ley permitirá evitar que se suspenda o paralice el crecimiento de infraestructura y servicios, así como también generar de manera constante fuentes de empleo, que es de las principales demandas de los michoacanos.
El legislador priista agregó que al mejorar la calidad de vida en las familias, se estaría dando un paso importante para también disminuir los índices de delincuencia y migración de mano de obra y de empresas a otros estados.
Puntos a destacar de la iniciativa Regula la generación y desarrollo de proyectos entre el sector público y el privado Costo-beneficio Rentabilidad (social, financiera y económica) Viabilidad jurídica que proporciona certidumbre a los servidores públicos e inversionistas Presentación de servicios de calidad Solventar restricciones presupuestarias y financieras Satisfacer la demanda de servicios Utilización de capacidad y experiencia del sector privado Sector infraestructura y de servicios Esquemas para desarrollar proyectos Actividad económica que contribuya al desarrollo económico Principios de legalidad, libre concurrencia, competencia, objetividad, transparencia, publicidad.
