• La propuesta legal expone la necesidad de que aquellos funcionarios que pretendan contender a un cargo de elección popular nuevamente, tengan liberadas sus responsabilidades administrativas y financieras de al menos 2 años de su gobierno.
Calificando como necesaria una reforma constitucional con el objetivo de que se ponga fin a prácticas viciadas y opacas de los políticos llamados “chapulines”, el diputado Santiago Blanco Nateras presentó iniciativa de decreto mediante la cual se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo 24 de la Constitución Política del Estado.
Bajo esta tesitura, el parlamentario representante del Distrito de Hidalgo, aseguró que el sistema de rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos del presupuesto en la administración pública estatal y municipal está en crisis, en un insalubre problema que tiene huecos importantes, sobre todo en lo relativo al desvío de recursos o el mal destino de éstos, mientras a los responsables se les permite brincar de cargo en cargo, sin antes hablar aclarado en qué gastaron los recursos asignados a sus administraciones.
Mencionó que la gran mayoría de funcionarios públicos o alcaldes que solicitaron licencia para separarse de su cargo, aún tienen cuentas pendientes con la Auditoría Superior del Estado y otros con la Auditoría Superior de la Federación, situación que resulta grave para los michoacanos y que la ley no debe seguir permitiendo.
Calificó como ideal que quienes pretendan contender a un cargo de elección popular nuevamente, tengan liberada su responsabilidad administrativa y financiera de al menos 2 años de su gobierno, tratándose de los alcaldes, y el 75% de los funcionarios que fueron parte de la administración pública, sobre el presupuesto que hayan ejercido como titulares de alguna dependencia.
Asimismo, consideró importante incluir en la Constitución una fracción VIII al artículo 24, estableciendo así que no podrán ser electos diputados los alcaldes en funciones o los alcaldes que ya terminaron su gestión, quienes tengan cuentas pendientes con la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, de al menos los dos primeros años de su gestión.
Cabe señalar que para determinar si ha lugar a admitir a discusión, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
