Que Rindan Cuentas Funcionarios y Ediles que Pretendan Nuevos Cargos, Plantea el Diputado Priísta Santiago Blanco

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Quien aspire a un nuevo cargo de elección popular en la entidad, deberá rendir cuentas y transparentar su ejercicio fiscal, propuso este viernes el diputado priista Santiago Blanco Nateras, al presentar iniciativa de reforma al artículo 24 de la Constitución Política de Michoacán.
El presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado expuso que con esta reforma, quien pretenda contender por un cargo de elección popular, deberá tener liberada su responsabilidad administrativa y financiera de al menos dos años de su gobierno, para el caso de los alcaldes. En el caso de los funcionarios que fueron parte de la administración pública u organismos autónomos que tengan cuentas pendientes con la Auditoría Superior de Michoacán, deberán tener liberada responsabilidad en al menos el 75 por ciento del presupuesto que hayan ejercido como titulares de alguna dependencia. Mencionó que muchos de los diputados que solicitaron licencia para separarse de su cargo fueron funcionarios públicos o presidentes municipales, y “la gran mayoría tienen cuentas pendientes con la Auditoría Superior del Estado y otros con la Auditoría Superior de la Federación, situación que resulta grave para los michoacanos y que la ley no debe seguir permitiendo”.
El legislador del Grupo Parlamentario del PRI anotó que la situación que atraviesa el Estado de Michoacán y sus municipios en sus finanzas públicas, es muy crítica, “en la que los actores políticos debemos hacer cambios estructurales, orientados a construir una nueva conciencia administrativa, donde impere la transparencia, la ética y la legalidad”. En ese sentido, expuso Blanco Nateras que es la hora de rendir cuentas a los michoacanos sobre los fondos públicos que como funcionarios de elección popular se hayan manejado, de no ser así, el sistema continuará colapsándose. Para el legislador, es innegable que el sistema de rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos del presupuesto en la administración pública estatal y municipal, está en crisis, “en un insalubre problema que tiene huecos importantes sobre el desvío de recursos o el mal destino de éstos, donde a los responsables se les permite continuar brincando de cargo en cargo, sin antes haber aclarado en qué se gastaron los recursos asignados”. Lo que se pretende con esta iniciativa, dijo, es tratar de hacer más eficiente el sistema de rendición de cuentas de los funcionarios que concluyeron su gestión; de hacer más productiva la actividad pública y cumplir con todos los cánones jurídicos establecidos para hacer más transparente el quehacer político, ya que sabemos que a la burocracia siempre se le ha tildado de ociosa, de incapaz para la productividad. El artículo 135 de la Constitución del Estado, señala que toda cuenta de fondos públicos quedará fiscalizada y dictaminada a más tardar un año después de su presentación. La Auditoría expedirá en la forma que la ley prevenga el finiquito de las cuentas que fiscalice. Los poderes del Estado y demás sujetos de fiscalización facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior para el ejercicio de sus funciones. Enfatizó que el sistema de fiscalización debe elevarse y ser más eficiente al cumplir en tiempo y forma con la dictaminación de las cuentas en los tiempos previstos por la ley, por ello es importante fortalecer este organismo que vigila la aplicación de los recursos públicos de la administración pública estatal y sus municipios. Se hace necesario dotarlo de estructura operativa y financiera para que pueda ejercer su importante función fiscalizadora agotando los principios de legalidad, celeridad, eficiencia, eficacia, calidad en el servicio, vigilancia, fiscalización técnica oportuna, imparcialidad, confiabilidad, definitividad, en forma simultánea, anual, posterior, externa, independiente y autónoma. Cabe señalar que la propuesta legislativa del diputado Blanco Nateras, que suscribieron diversos legisladores, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para determinar si ha lugar.

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