De los 10 mil 134 funcionarios públicos que trabajan en el Gobierno del Estado y que están obligados a presentar su Declaración Anual de Modificación cumplieron 8 mil 278, de los cuales sólo el 10 por ciento aceptó que su declaración sea pública.
En rueda de prensa, Silvia Estrada Esquivel, titular de la Secretaría de Contraloría dio a conocer lo anterior y además informó que quienes no lo presentaron en su mayoría son personal de la Secretaría de Seguridad Pública, principalmente quienes laboran en el área operativa.
En este sentido, luego de que el 31 de mayo pasado venció el plazo para que los servidores públicos presentaran su declaración, Estrada Esquivel dijo que se preparan los requerimientos para aquellos funcionarios que fueron omisos y es que tendrán 10 días para hacer una declaración extemporánea, plazo que vence el próximo 10 de junio, “la ley nos contempla que estos funcionarios se hacen acreedores a una sanción”, y una vez que fueron requeridos si no presentan su declaración patrimonial, entonces se verán acreedores a una sanción económica, misma que oscila de tres días a seis meses de su salario base presupuestal.
De seguirse negando a presentar su declaración patrimonial, el funcionario se hará acreedor a la destitución de su cargo y la inhabilitación de uno a tres años.
A decir de Estrada Esquivel de la declaración de Conflicto de Interés se recibieron 3 mil 820 declaraciones.
Y dentro de esta, 324 funcionarios presentaron su declaración 3 de 3 (Anual de Modificación, Conflicto de Interés y Fiscal) misma que debe ser hecha por jefes de departamento y titulares de dependencias, así como funcionarios que manejan valores o realizan funciones de supervisión o auditoria; con esta declaración, dijo, todos los obligados cumplieron.
Por otro lado, respecto a que sólo el 10 por ciento de los funcionarios accedieron a que sus declaraciones fueran públicas, indicó que la Ley de Protección de Datos Personales les da derecho a determinar si hacen pública o no su información, “y se va a salvaguardar ese derecho”.
Finalmente, reconoció que este tipo de información ha sido solicitada por parte de ciudadanos, particularmente respecto a los bienes los tres últimos ex gobernadores, que en su caso han sido reservados, “por lo que representa ese tipo de información tienen derecho a reservar su información por la situación que se vive en el país”.
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