Ante los señalamientos que aparecen este día en diversos medios de comunicación estatales, escritos y electrónicos, me permito hacer del conocimiento de la opinión pública lo siguiente:
De acuerdo con un boletín de prensa, el ex mandatario estatal de Michoacán señala que es falso que durante mi administración haya existido “defraudación fiscal” como temerariamente lo afirmó Carlos Ochoa León, contralor del Poder Ejecutivo. Es evidente que el funcionario estatal basa sus afirmaciones en información parcial e incompleta, además de mostrar un pleno desconocimiento de la legislación fiscal nacional. El Contralor del Ejecutivo debería de saber que existen entre la Federación y los Estados convenios que otorgan beneficios fiscales a las entidades entre ellos los relacionados con el Impuesto Sobre la Renta. Para ser más específico señalo:
a) El 5 de diciembre del 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y DE APROVECHAMIENTOS, donde se señala claramente “ …El Congreso de la Unión estableció que el Ejecutivo Federal a mi cargo debe de diseñar un programa para la regularización de adeudos que tengan con la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal incluyendo a sus organismos descentralizados, por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores…”.
b) Bajo este decreto, en abril del 2009 el Gobierno del Estado de Michoacán firmó un convenio con el Gobierno Federal para obtener los beneficios para el pago del impuesto sobre la renta (ISR). Es importante agregar que este Convenio fue signado también por los representantes locales de los Poderes Legislativo y Judicial quienes también obtuvieron estos beneficios fiscales.
c) El Convenio del 2008 ha sido ratificado en la Leyes de Ingresos de la Federación de los años 2010, 2011 y 2012, en particular la de este año establece en su artículo 9 “Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la federación por un parte y por la entidades federativas, …por la otra en donde se finiquiten adeudos entre ellos…”.
d) Por lo tanto, con base en los antecedentes del Acuerdo del 2008, así como del Convenio del 2009 y sobre lo establecido en las Leyes de Ingresos de la Federación del 2011 y 2012 las entidades federativas han solicitado la aplicación de estos beneficios para lo correspondiente al ISR del 2011. No omito mencionar que la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales ha resuelto como uno de los puntos de su agenda de trabajo con la nueva Cámara de Diputados el tratamiento de este tema, apoyado por la mayoría de gobiernos locales y municipales del país.
Reitero nuevamente que la Deuda Pública de Michoacán es legal y transparente, porque fue aprobada por el Congreso del Estado, además de que está debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, cumplió todos los requisitos que la normatividad de esta dependencia federal exige a las entidades para la contratación y registro de la deuda. Por lo que también es falsa la aseveración que durante mi mandato se contrajeron empréstitos sin autorización de la Ley y/o el Congreso.
Sobre la mal llamada “auditoría” practicada por el despacho González de Aragón y Asociados Contadores Públicos S.C., contratado y pagado por el Gobierno del Estado, cuyos “resultados” fueron presentados a los integrantes del Consejo Ciudadano considero pertinente precisar:
a) La revisión contable hecha por el mencionado despacho, no es una auditoría ya que no fue practicada por ninguna autoridad competente, conforme a los procedimientos establecidos en la ley.
b) Los resultados que arroje esta revisión contable constituyen una versión unilateral, ya que jamás, se requirió a nadie del gobierno saliente, para dar sus opiniones y presentar las pruebas de descargo a que se tiene derecho. Esto es, no se concedió la elemental y constitucional “garantía de audiencia”.
c) No existe en el mundo un procedimiento público o privado, que no garantice el derecho a la defensa y esta revisión contable no nos concedió este legítimo derecho humano.
d) Algunos dirán que dichos resultados no son una sentencia. Es cierto, pero ¿alguien duda a estas alturas, que las afirmaciones utilizadas: “caos, irregularidades, desvíos,” no son verdaderas sentencias públicas? ¿Acaso estos adjetivos no lesionan el honor y la dignidad, de muchos mexicanos, que sirvieron a Michoacán, sin que nos hayan dado una mínima garantía de audiencia? derecho humano, reconocido en nuestra Constitución y en tratados internacionales.
Es evidente que estos señalamientos del Contralor del Ejecutivo se hacen dentro de un contexto de interés político partidario, buscando solamente el linchamiento público; muestra de ello es que antes de que presentaran a los integrantes del Consejo Ciudadano se filtraron a algunos medios de comunicación los “resultados” de la revisión, poniendo en entredicho la buena voluntad que para este asunto han mostrado las mujeres y los hombres integrantes del Consejo nombrado por el Gobierno Estatal.
Entendemos la disputa política porque estamos forjados en la lucha por la democracia. Pero es ofensivo, burdo y doloso el ataque sistemático que busca, sin ningún recato ético, desgastar a sus adversarios políticos, con calumnias y mentiras, sin darnos jamás el derecho humano a la defensa, al honor y a la dignidad.
Reitero, nunca nos hemos negado a que se practiquen auditorías. La izquierda ha sido históricamente, la que ha luchado contra la corrupción, por la transparencia y la rendición de cuentas. Pero deben practicarse conforme a la ley, garantizando el debido proceso y los derechos humanos, para evitar venganzas políticas.
