Julio Hernández, vocero del gobierno del estado de Michoacán, confió en que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal actúe con firmeza por la irrupción violenta sobre su oficina de representación.
Aseguró que “me queda claro que no es el modus operandi del 132 lo que ayer vimos, este es un grupo radicalizado, de alguna otra procedencia”.
Julio Hernández, vocero del gobierno del estado de Michoacán, destacó que durante los últimos años en la entidad se alimentó desde el sector público una industria del chantaje, que desafortunadamente se convirtió en la más próspera, lo que ha hecho que se tenga una efervescencia política mayor que la de otros estados.
“Hay muchos grupos sociales que pudieron identificar con mucha claridad a lo largo de los años que era más redituable que estudiar, dedicarse a hacer bloqueos, marchas, manifestaciones, plantones, secuestros de autobuses, porque casi siempre encontraban los presupuestos públicos abiertos para tratar de contener o adormecer, este tipo de situaciones.
Desafortunadamente ese fue escenario con el que se encontró la administración que encabeza Fausto Vallejo, que comenzó en el pasado mes de febrero”, sostuvo.
En entrevista con Óscar Mario Beteta, en el programa “En los Tiempos de la Radio”, Julio Hernández indicó que desde entonces la disyuntiva fue muy clara, seguir alimentando la industria del chantaje o se tomaba el camino de hacer que se respetara la ley y sobre todo el derecho de los ciudadanos y “este es el camino que hemos tratado de transitar, por eso no ha sido fácil, por eso hemos tenido muchos movimientos sociales”.
Y es que ayer, recordó, hubo una irrupción violenta sobre su oficina de representación, que no se dedica a otra cosa que promover eventos de carácter cultural, en donde trabajan en su mayoría mujeres, muchas de ellas mayores.
“De pronto vieron a un grupo de encapuchados ingresar armados con palos, con cadenas, al principio la exigencia era que nadie saliera de ahí, afortunadamente la mayoría de los trabajadores pudieron abandonar el lugar, y solamente nuestra representante y un auxiliar se quedaron ahí retenidos por espacio de dos horas… esperamos la intervención del Gobierno del Distrito Federal que afortunadamente ocurrió”.
En este sentido, confió en que con esa oportunidad con la que intervino el GDF, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal actúe con la misma firmeza, “hemos ya presentado las denuncias correspondientes, vamos a hacer la ampliación de las denuncias durante los próximos días para fortificar aún más la causa y que este asunto no solamente no quede impune, sino que además no se repita porque es la tercera vez que nuestras oficinas son agredidas por este tipo de grupos”.
En la línea, aseguró que “me queda claro que no es el modus operandi del 132 lo que ayer vimos, este es un grupo radicalizado, de alguna otra procedencia, nosotros no los tenemos identificados, pero estoy seguro que con el sistema de cámaras de seguridad que existen en el Distrito Federal no será difícil identificarlos”.
Tras planteársele si Leonel Godoy es quien hereda una “bomba de tiempo” a la administración de Fausto Vallejo, con el presunto quebranto al estado, con inseguridad y conflictos sociales, Julio Hernández señaló que “esa fue la circunstancia en la que los michoacanos concluyeron esa administración estatal (…) hay un proceso desafortunadamente largo de investigación para ver a dónde fueron a pagar estos recursos.
El gobierno estatal está comprometido a que no solamente esto se clarifique y transparente, sino además si hay responsables de algún ilícito en el manejo de recursos, que se le finquen responsabilidades.
“Nadie es intocable, ni el ex gobernador, ni ningún ex funcionario, ni ningún funcionario actual”.
Asimismo, aseguró no saber dónde está Leonel Godoy, “sabemos que aparece de cuando en cuando en los medios de comunicación nacionales, en los locales prácticamente ha decidido no dar la cara, ni ahora ni antes.
Tengo entendido que no vive en Michoacán, que vive en la Ciudad de México”.
En este sentido, aseguró que han percibido con toda claridad que hay no solamente normalistas ni estudiantes en este movimiento, “lo hemos señalado y lo han señalado los medios de comunicación, es un movimiento que ha sido aprovechado por otras organizaciones, algunas de carácter sindical, otras de carácter político”.
Recordó que el gobierno estatal ha dicho con toda claridad que aunque está abierto siempre de dialogar, a que haya marchas, manifestaciones, lo que no se puede aceptar es que siga habiendo bloqueos en carreteras y que autobuses sean quemados a la vista de todos.
También recordó que con una fianza, serán puestos en libertad los ocho normalistas que permanecían en prisión preventiva.