Con la finalidad de que no se pierda en la densa bruma de la apabullante información cotidiana, es necesario rescatar los datos duros de la realidad nacional. Por ejemplo, hay que subrayar el hecho de que la caída en los ingresos y en la alimentación de las familias generó un aumento en la pobreza extrema en el país, a pesar de los descomunales apoyos que “entregó” el gobierno federal. Esta noticia debería ser más sorprendente que temblores de la tierra, pero la miseria y el hambre no son una novedad periodística.
En la propia información oficial encontramos que en 2010 se registró un incremento de 3.2 millones de personas en situación de pobreza, mientras 11.7 millones más no pudieron superar la pobreza extrema. Lo más absurdo es que se insista en mantener la misma política gubernamental consistente en una cobertura social que ayude a las personas en pobreza.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha registrado que 46 por ciento de la población mexicana vive en situación de pobreza, esto es, 52 millones de personas, mientras 1.7 millones continúan viviendo en pobreza extrema. A esto hay que añadir el brutal endeudamiento de los ayuntamientos, gobiernos estatales y federación. Y entonces ¿en dónde fue a parar el dinero recaudado, en qué se gastó?
Más de 32 millones de mexicanos viven con profundos problemas sociales. En su afán por seguir manteniendo con vida artificial su régimen de corrupción y oprobio, diputados del PRI, PAN y PRD ofrecen “mejorar” las conocidas por erráticas políticas sociales para abatir la pobreza. Por lo visto, toda política que no da resultado debe mantenerse para justificar el despilfarro gubernamental. Hay que seguir repartiendo cobijas, despensas y útiles escolares, que sirve para oxigenar la corrupción y para la compra de votos.
Los mismos diputados, políticos responsables del fracaso, se acusan entre sí, dependiendo del partido político al que pertenezcan. Por eso podemos leer en los periódicos notas como esta: a pesar de los incrementos a la política social del gobierno federal, el sexenio de Felipe Calderón cerrará con más de 15 millones de mexicanos en pobreza extrema, y que se debe analizar qué programas han fracasado para determinar si son eliminados.
El tema, desde luego, no se agota en la insania de la salud pública, claro que no. La caída en los ingresos y el hambre crónica repercute en la salud médica de los individuos y sus familias. Por ello, resulta obvio que en seis años haya aumentado en 7.5 millones el número de personas con sobrepeso y obesidad en el país. Esta condición afecta a 71.1 por ciento de los mayores de 20 años y se mantiene como uno de los principales problemas de salud, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012. Significa, de acuerdo con esos datos, que 48.6 millones de individuos tienen exceso de peso (26.1 millones de mujeres y 22.5 millones de hombres.
La inseguridad alimentaria, el riesgo de llegar a pasar hambre, se encuentra en niveles de moderada a severa en 30 por ciento de las viviendas. Este dato por sí solo es espeluznante, y no se oyen voces de alarma ni se bloquean las calles para denunciarlo ni se hacen caravanas.
El tema que en los últimos años ha generado un gran interés en el sistema de salud es el del sobrepeso y obesidad, por su vinculación con otros males crónicos y graves como la diabetes, la hipertensión arterial y las afecciones cardiovasculares.
En las adversas circunstancias con que opera el sistema sanitario nacional, las consecuencias serán apocalípticas, pero sin la esperanza de salvación evangélica.
