MORELIA, Mich.- Estudiantes, extranjeros, policías, servidores públicos, empresarios y hasta una secretaria forman parte de un listado de 46 personas que tienen el estatus oficial de “desaparecidos” y “víctimas de la delincuencia”. Todos con nombre y apellido, según una nota de Milenio.
Sin rastro de ellos, el gobierno federal los mantiene en una relación de hombres y mujeres por cuyo paradero se ofrecen recompensas que van desde un millón hasta 15 millones de pesos, de acuerdo con la PGR.
El programa “Víctimas de la Delincuencia… Ayúdanos a Ayudar” y que data del sexenio de Felipe Calderón, señala que los presuntos victimarios no solo son criminales, sino elementos del Ejército y de la Policía Federal acusados de “desaparición forzada”.
Funcionarios de la PGR dijeron a MILENIO que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no se han publicado nuevos acuerdos de gratificaciones en el Diario Oficial de la Federación. El último ofrecimiento de dinero en efectivo “a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente” para la localización de desaparecidos, es del 27 de octubre de 2012 y lo firmó la entonces procuradora Marisela Morales Ibáñez.
La víctima es Alejandro Alfonso Moreno Vaca, ingeniero en electrónica y empleado de una trasnacional. Tenía 34 años y se ignora su paradero desde el 27 de enero de 2011 cuando viajaba en carretera desde la Ciudad de México a Nuevo Laredo, Texas. Se ofrece un pago de 1.5 millones de pesos.
Hay casos de hermanos que desaparecieron. Luis Armando Trujillo Herrera y Gustavo Trujillo Herrera fueron vistos por última vez en el municipio de Vega de la Torre, Veracruz, en septiembre de 2010.
Antes fueron privados de su libertad Jesús Salvador Trujillo y Raúl Trujillo Herrera ,en agosto de 2008 en Atoyac de Alvarez, Guerrero. La recompensa por esta familia es de cinco millones de pesos.
En octubre de 2010, el bar Los Rieles Fleteros de Monterrey fue el lugar del que se llevaron a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León Jorge Armando Salvador Dávila, Felipe de Jesús Elías Valenzuela Patlán, José Edgar Garza Suárez y Carlos Ranferi Bermúdez Pineda (cinco millones de pesos).
En el Acuerdo A001/12 se ofrece una gratificación de 10 millones de pesos por siete víctimas de “desaparición forzada” a manos de elementos de la Policía Federal, entre los que están dos estadunidenses.
Se trata de Brian Hernández Arredondo y Jorge Eduardo Hiben Pimentel, así como de los mexicanos José Carlos Novoa Ortiz, Roberto García Alvarez, Sergio Hernández Campos, Arturo Martínez Sánchez y Fernando González Arzate.
“Iban a Manzanillo, Colima cuando fueron interceptados por dos agentes de la Policía Federal y se desconoce su paradero por lo que se ofrecen 10 millones de pesos”, indica la PGR.
El sueco Olivier Tshumi fue privado de su libertad el 19 de diciembre de 2010 en Cuernavaca, Morelos (cinco millones de pesos).
A Rocío Irene Alvarado Reyes se le vio por última vez en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, junto con Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, todos desaparecidos en diciembre de 2009 y se culpa al Ejército. Un caso que está en revisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por el administrador de la Aduana de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, se ofrecen 10 millones de pesos luego de que fue secuestrado el 1 de junio de 2009.
OTROS CASOS: – El primer caso de recompensa documentado en el sexenio calderonista data del 8 de diciembre de 2007, cuando desaparecieron el empresario Alfonso Vigil Gómez, de 70 años, y su secretaria Cristina Sánchez Bernal en Pinotepa Nacional (cinco millones de pesos).
– También hay siete policías federales desaparecidos en Zitácuaro, Michoacán, el 16 de noviembre de 2009 junto con el civil Sergio Santoyo García y la recompensa es de 10 millones.
– Se trata de Juan Carlos Ruiz Valencia, Pedro Alberto Vázquez Hernández, Luis Angel León Rodríguez, Bernardo Israel López Sánchez, Israel Ramos Usla, Jaime Humberto Ugalde Villeda y Víctor Hugo López Lorenzo.
