Morelia, Mich- El Congreso de Michoacán levanta la voz a favor de los ciudadanos de escasos recursos que, de buena fe, recurren a casas de empeño y préstamo que otorgan “créditos sin aval ni garantía”, las cuales operan al margen de la ley y obligan a que los solicitantes de sus servicios se sujeten a contratos onerosos que les obliga a adquirir una deuda que dista mucho de lo que inicialmente adquirieron.
El legislador michoacano Santiago Blanco Nateras dio a conocer que en el ejercicio de su derecho constitucional de presentar iniciativas ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la LXXII Legislatura del Congreso del Estado solicitará formalmente una adición a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para que se otorguen facultades a los estados para que coadyuven en la tarea de vigilar esta actividad y proteger los intereses de la ciudadanía.
Explicó que el impedimento que enfrentan los ciudadanos al no ser calificados por una institución crediticia legalmente constituida, por no poder comprobar sus ingresos o no cubrir los requerimientos que éstas exigen, les ha llevado a la proliferación de instituciones prestamistas que se promueven aparentemente de forma accesible y atractiva con ofertas de “créditos sin aval ni garantía”.
Tales instituciones financieras que en Michoacán -como en el resto del país- están a la alza y operan al margen de la ley, sin que medie autoridad que vigile su constitución, instalación y operación, puesto que no se encuentran registradas en el padrón de instituciones avaladas por autoridad competente, para la prestación de este tipo de servicios.
Dio a conocer que los estados que conforman la República, no están facultados para legislar en esta materia ya que no es competencia local regular la actividad financiera de estas instituciones crediticias, que se promueven como “casas de empeño”, “casas de préstamos” “servicios de asesoría financiera”, “préstamos inmediatos” y “préstamos expreses”.
Blanco Nateras refirió que ese tipo de instituciones financieras lucran con la necesidad de los usuarios, quienes recurren de buena fe para solventar sus necesidades económicas y resultan defraudados al tener que sujetarse a contratos onerosos, que les obliga a adquirir una deuda que dista mucho de lo que inicialmente se les hizo saber, o contrataron.
En otros casos, estas empresas solicitan a los usuarios depósitos por adelantado y posteriormente desaparecen, sin haber formalizado el préstamo inicial del usuario o les exigen cumplir con otras obligaciones que les hace perder sus depósitos.
Recordó que las instituciones de nuestro sistema jurídico encargadas de proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros como es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) no tiene atribuciones para intervenir en los conflictos que se generan entre los usuarios y las pseudo empresas prestamistas que no están legalmente constituidas; con ello, se deja en estado de indefensión al ciudadano que ha sido defraudado en la búsqueda de solucionar una necesidad económica.
Los estados no cuentan con las herramientas jurídicas que les permita intervenir en la regulación, vigilancia y operación de estas instituciones, pero como autoridad local es la que escucha estas demandas ciudadanas, que justificadamente reclaman la intervención de éstos para que resuelva esta problemática que genera un detrimento a su patrimonio.
Es por ello que se ha logrado el punto de acuerdo por medio del cual el Congreso de Michoacán solicita al Congreso de la Unión se promueva una adición a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se permita que las entidades federativas se sumen a la tarea de vigilar a ese tipo de negocios.
La propuesta, aprobada por el Congreso del Estado y que se hará llegar al Congreso de la Unión, establece una ruta donde cada estado, a través de los ayuntamientos, sean quienes deban tomar en cuenta, para la expedición de las licencias o permisos de funcionamiento, tratándose de éste giro, de la legal constitución de la institución financiera, pero además, que informe de inmediato a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o a la autoridad que corresponda, de la instalación en su demarcación, de tales empresas.
Se busca que la coadyuvancia entre estados y Federación abata la actividad de los llamados delitos de cuello blanco, subsanando las deficiencias legales que están permitiendo una actividad financiera irregular, la cual afecta la economía y el patrimonio de los sectores más vulnerables en todo México.
