Con la finalidad de evitar que los involucrados en los procesos penales puedan encontrarse en situaciones bajo riesgos, que pongan en peligro tanto su vida, integridad personal, libertad, propiedades y posesiones, así como también de personas vinculadas a ellos; el diputado integrante del Consejo Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Sebastián Naranjo Blanco, presentó en sesión ordinaria una Iniciativa de Ley para la Protección de Personas Intervinientes en el Proceso Penal del Estado de Michoacán.
El también Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que es notorio el riesgo que corren las personas que, directa o indirectamente intervienen en un proceso penal, ya que se pone en riesgo su seguridad, a causa de represalias de aquellos que debido al proceso o como consecuencia del mismo ven afectados sus intereses.
“Sectores sociales han manifestado su intranquilidad en torno al destino de quienes en lo futuro, sean testigos en un proceso penal de un hecho considerado como delito, y tengan que ser presentados ante una audiencia pública, o bien, de quienes por la función que desempeñan como agentes del Ministerio Público, peritos, policías, defensa o hasta jueces puedan ver peligro al involucrarse en la comisión”, ejemplificó.
Dicha iniciativa que deposita responsabilidad en la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que a través de la creación del Centro Estatal de Protección a Personas Intervinientes en el Proceso Penal de Michoacán, este sea el encargado de la aplicación de la ley; establezca las medidas y procedimientos que garanticen la protección y atención de los involucrados en el juicio, “es necesario hacer la diferenciación entre la persona sujeta a protección y la persona protegida, así como enunciar los principios básicos para su resguardo, los cuales son proporcionalidad y necesidad, secrecía, voluntariedad, temporalidad, autonomía, celeridad y gratuidad”, señaló.
El legislador albiazul resaltó que el requisito de voluntad, es fundamental para ingresar, permanecer o abandonar el programa, “ninguna persona puede ser obligado a contar con medidas de protección si no lo hace por decisión propia”.
Asimismo, especificó que la iniciativa en cuestión prevé la garantía de la aplicación y transparencia del programa de protección, para el cual se presentará un informe anual sobre los resultados y las operaciones de dicho programa, el cual deberá contar con información estadística lo más detallada posible.
Finalmente Naranjo Blanco expresó que esta iniciativa que fue turnada a las Comisiones Legislativas de Justicia y Seguridad Pública para su análisis y dictamen, “velará por los michoacanos que intervengan en el proceso penal, sean protegidas y no signifique un daño adicional o el agravamiento de su situación personal o patrimonial, con el objetivo de brindar las condiciones necesarias para preservar la vida, libertad e integridad física de las personas protegidas”, concluyó.
