La diputada Daniela De Los Santos Torres consideró que en Michoacán se empieza a recorrer un camino más próspero, y que para consolidarlo “es indispensable modernizar el sistema educativo”.
“La ciudadanía ha exigido desde hace mucho tiempo herramientas jurídicas que permitan garantizar realmente el derecho a la educación de calidad, y es hoy más que nunca cuando tenemos la obligación de hacerlo”, aseguró.
Subrayó que Michoacán hoy ve resultados, gracias al compromiso de todos y que la nueva Ley de Educación para el Estado -aprobada el pasado jueves- es reflejo de esa dinámica de trabajo conjunto que se está consolidando en la entidad, a pesar de las dificultades.
“La decisión que asumimos en el Congreso del Estado respecto a la aprobación de la nueva Ley de Educación no fue sencilla, pues existen posiciones encontradas de algunos sectores, pero estoy convencida de que los michoacanos no podemos ser rehenes de ningún grupo”.
Esta Ley de Educación armoniza el marco jurídico de la entidad con la legislación general en materia de evaluación educativa, servicio profesional docente y participación social, lo que permitirá brindar oxígeno al sistema educativo.
De acuerdo a la diputada, al ser Michoacán parte de la federación, se deben acatar los lineamientos generales que se aplican en todos los estados del país, lo que además resulta un beneficio “si consideramos que el trabajo conjunto brinda mejores resultados y nuevas oportunidades de éxito”.
Explicó que a través de los Consejos de Participación Social, la ley hace énfasis en la responsabilidad que tienen los padres de familia respecto a la educación de sus hijos, participando activamente y coordinándose con los directivos para buscar formas que permitan mejorar el aprovechamiento escolar.
Así como también en la promoción de los valores, la seguridad en las escuelas, el impulso a la activación física, el consumo de alimentos saludables; además, para organizar eventos deportivos, actividades recreativas, artísticas y culturales.
De los Santos Torres apuntó que la ley recientemente aprobada se caracteriza principalmente por la participación de la sociedad civil en la educación, con el objetivo de lograr la integración de los padres de familia, directivos y maestros de una manera institucional y organizada, que permita la colaboración para lograr que la educación sea una herramienta para el bienestar de los alumnos a lo largo de su vida.
Además, agregó la legisladora, se plantea incorporar la enseñanza del idioma inglés en los niveles de educación básica (preescolar, primaria, secundaria) con el propósito de formar estudiantes en condiciones de igualdad ante la globalización, así como reforzar la educación especial que se brinda a niños y niñas con discapacidad.
