Tras nueve días de toma a las instalaciones municipales, el Sindicato de Empleados Municipales, Administrativos y Conexos de Morelia (SEMACM) ha denunciado un “exceso de gasto corriente” dentro del Ayuntamiento de la capital michoacana, debido a los cerca de 4 mil 800 trabajadores que actualmente laboran en la comuna, y donde por lo menos 700 de ellos no desarrollan una tarea asignada desde el mes de enero, así lo dio a conocer el secretario general del gremio, Jorge Molina Bazán.
Detalló que de octubre del año pasado a la fecha al menos 210 empleados de contrato y con antigüedad de por lo menos siete años han sido despedidos. Sin embargo, aseguró que se ha incrementado el personal con alrededor de 250 personas en mandos medios y superiores y 700 más en lo correspondiente a áreas administrativas, por lo que operatividad del Ayuntamiento se encuentra “desbalanceada“.
En este sentido, Molina Bazán recordó que la demanda de los mil 800 agremiados al sindicado es debido a la “afectación” a los trabajadores del gobierno municipal por las áreas “paradas y sin laborar“, donde mediante licitaciones públicas para el bacheo y el cobro del predial, los empleados municipales “llevan todo el año sin trabajar”.
El líder del SEMACM explicó que la movilización del gremio se trata de “una manifestación de inconformidad” ante la situación, calificándola como de “brazos caídos” y no como una “huelga”, pues hasta el momento no han presentado la petición ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Además, Jorge Molina afirmó que el conflicto se puede solucionar “mediante acuerdos” con el edil de la ciudad, con quien señaló “no han tenido acercamiento“.
Al respecto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar informó que “algunos de sus funcionarios” sostendrían un encuentro con el secretario general del sindicato mayoritario, y reiteró que continuarán los descuentos a los empleados municipales, al tratarse de una “toma ilegal”.
Asimismo, el alcalde de la capital del estado dejó entrever que de reunirse las características legales podrían resultar despedidos algunos inconformes. Además de que los trabajadores que no pertenecen al gremio y que han apoyado la movilización “corren el riesgo de no renovación de contratos“, concluyó Martínez Alcázar.
