Como parte de las acciones del Plan Michoacán y de los compromisos establecidos entre la Federación y el Estado en el Proyecto de Modernización Catastral, se efectuó la actualización del marco normativo catastral, el cual proporcionará mayor certeza jurídica en cuanto al registro de los bienes inmuebles ubicados en el territorio michoacano.
Desde hace más de 30 años el marco jurídico no era actualizado, por lo que la administración del gobernador Salvador Jara Guerrero tuvo a bien promover y apoyar la modernización y en 2014, el Gobierno del Estado firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (SEDATU), para efectuar acciones que propicien la modernización en la materia.
Por lo anterior se trabajó en la actualización integral de la Ley de Catastro, del Reglamento de la misma y del Instructivo Técnico de Valuación Catastral; disposiciones normativas vigentes a la fecha y de carácter obligatorio, dado que fueron establecidas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Entre los beneficios que se obtendrán a través de este nuevo marco jurídico en materia de catastro, se encuentra el de homologar a la entidad al modelo nacional, por lo que cumple con las disposiciones que le permiten ser compatible con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, con otras entidades federativas y otros organismos de control del territorio, a fin de vincular e intercambiar información catastral.
Del mismo modo dará certeza, seguridad y transparencia de los servicios catastrales a la ciudadanía, y a su vez reconocerá a las autoridades municipales como autoridades catastrales, lo que fortalecerá la participación directa de los municipios y permitirá actualizar su padrón de predios.
La Ley de Catastro vigente constituye una herramienta fundamental para la ejecución de acciones encaminadas al ordenamiento y regulación del desarrollo y planeación de políticas públicas que permitirán acceder a información confiable en relación con el territorio estatal y en particular de sus municipios. Estas acciones permiten que por primera vez el Estado cuente con un marco normativo catastral actualizado, congruente y vinculado.
