El activista ambiental Roberto Chávez fue víctima de un asesinato el día de ayer, domingo, aproximadamente a las 10:30 de la noche en la comunidad de Sangarro, ubicada en el municipio de Madero. Fue abatido con tres disparos en la cabeza mientras se dirigía hacia su familia, con quienes había salido a cenar a una fonda local.
Roberto Chávez formaba parte del Comité de Defensa Ambiental del Sangarro y había recibido amenazas de muerte, al igual que otros defensores del medio ambiente en la zona, por parte de integrantes del crimen organizado que operan en esa comunidad. El martes siguiente tenía programado presentar una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado.
El homicidio de Roberto Chávez tiene lugar cinco meses después de los ataques llevados a cabo por sicarios contra el ambientalista Javier Gómez la noche del seis de noviembre de 2025. Estos incidentes fueron reportados a las autoridades competentes, pero, hasta el momento, no se ha logrado hacer justicia.
La actividad criminal en Madero se ha intensificado luego de que se retirara el operativo del Plan Michoacán por la paz y la justicia del municipio en enero, lo que ha permitido a los grupos delictivos consolidar su control sobre la zona. El asesinato de Roberto Chávez se produce en un contexto de irresponsabilidad por parte de las autoridades que tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población.
Desde el viernes 10 de abril, se comunicó a la autoridad competente que en la localidad de Sangarro estaban ocurriendo situaciones con alta probabilidad de derivar en actos delictivos, solicitando apoyo para prevenir y disuadir estos eventos. Sin embargo, el gobierno nunca tomó cartas en el asunto.
El gobierno está al tanto de las difíciles condiciones de seguridad que enfrentan los activistas ambientales en la región y de las continuas amenazas de muerte que han recibido por parte del grupo delictivo, lo que les impide realizar su labor diaria en las parcelas debido al miedo a ser emboscados, como ocurrió con Roberto Chávez.
Transcurridos casi seis meses desde los ataques del 6 de noviembre, no se ha logrado la detención de ningún responsable, a pesar de la existencia de pruebas y testimonios suficientes para llevarlos ante la justicia, incluyendo al propio presidente municipal de Madero y a su dirección de Seguridad Pública, quienes podrían estar vinculados de manera activa con la delincuencia organizada. Según información fiable, en los días previos al asesinato de Roberto Chávez, la policía de Madero colaboró en el traslado de sicarios delictivos en una de sus patrullas.
En el mes de noviembre, señalamos que si el gobierno no recuperaba el control del territorio en Madero que había sido tomado por la delincuencia, era probable que los grupos criminales que allí operan establecieran alianzas con el fin de ocupar completamente el centro del municipio. Esto es precisamente lo que está sucediendo en Villa Madero, Etúcuaro, Sangarro, y en el sur San Diego Curucupatzeo.
El delito está llevando a cabo su amenaza de eliminar a defensores del medio ambiente, ya que se siente respaldado por una autoridad municipal que lo ampara y por la falta de acción del Plan Michoacán por la paz y la justicia, que ha dejado a los ciudadanos de Madero a merced del crimen. Han llegado al punto de hacer pública una lista de defensores ambientales que serán víctimas de estos crímenes.
En este momento existe una profunda preocupación, rechazo y repudio por el violento asesinato de Roberto Chávez, y se demanda al gobierno tanto federal como estatal que lleve a los culpables ante la ley y que mantenga una presencia continua en Madero hasta que el territorio sea liberado de delincuentes y se garantice la seguridad de los habitantes.
