Al reconocer la carga laboral y social que soportan las mujeres en la administración pública, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Campos Huirache, presentó una propuesta para modificar la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. El objetivo principal de la propuesta es disminuir la edad mínima de jubilación para las trabajadoras estatales, estableciendo una distinción respecto a la de los hombres.
En la actualidad, la normativa michoacana impone una edad uniforme de 60 años para ambos géneros para acceder a la jubilación, siempre que hayan acumulado un mínimo de 30 años de servicio y contribuciones al fondo. La modificación sugerida por la legisladora priista plantea mantener los 60 años para los hombres, pero establecer el requisito en 53 años para aquellas mujeres que cumplan con el tiempo de servicio estipulado.
Este enfoque busca alinear la legislación de Michoacán con las normativas federales que serán implementadas a finales de 2025, que reconocen el derecho a una pensión justa y digna mediante criterios de reducción progresiva de la edad. Campos Huirache enfatizó que, como oposición responsable, es imperativo llevar a cabo medidas que promuevan la justicia social en beneficio de las trabajadoras, reconociendo el esfuerzo de quienes dedican su vida al sector público.
En su justificación, la diputada destacó que esta diferencia no debe considerarse un privilegio, sino una respuesta a la desigualdad de género presente en el país:
Es una medida de justicia social que otorga un trato equitativo a quienes son desiguales, ya que, como es ampliamente conocido, las mujeres que ingresan al mercado laboral a menudo enfrentan una doble carga que combina las responsabilidades laborales con el cuidado del hogar y la familia, sin recibir compensación económica por esta última tarea.
La propuesta incluye la modificación del artículo 54 de la mencionada ley, estableciendo que la jubilación será equivalente al salario regulador del servidor público, calculado a partir del promedio del salario base de cotización durante los últimos tres años. También establece un límite máximo de hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para las rentas mensuales de los jubilados.
Si el Pleno del Congreso del Estado aprueba la iniciativa, el decreto comenzaría a regir al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial. A partir de entonces, la Dirección de Pensiones Civiles de Michoacán tendrá un plazo de 180 días para elaborar las reglas de operación correspondientes, garantizando una transición ordenada y evitando que la implementación de la nueva edad de jubilación cause un “caos administrativo” en la institución.
