Los ayuntamientos y el gobierno del estado requerirían de cerca de 50 millones de pesos para despedir e indemnizar a los policías que no acreditarán los exámenes de control y confianza, así lo calculó el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Armando Ballinas Mayes.
El encargado de coordinar los procesos de certificación y acreditación de las corporaciones policiales consideró que los gobiernos municipales así como el Ejecutivo local carecen de los recurso económicos para indemnizar a los agentes que se consideran no aptos para prestar el servicio de seguridad pública por lo que la única alternativa es reubicar a quienes no acrediten las pruebas hacia otras dependencias de la administración.
Asimismo, dijo que no es recomendable dar de baja a los policías porque se podría correr el riesgo de que se dedicaran actividades delictivas.
Sin mencionar cifras dijo que al interior de las corporaciones policiales existen casos en todos los niveles de personal que no acreditó sus exámenes y tendrán que ser reubicados en otros cargos.
A manera de ejemplo, refirió que en Zamora dos aspirantes a directores de la policía municipal no han aprobado y a pesar del descontento de la presidenta municipal, Rosa Hilda Abascal, se trata de casos no aptos para asumir un mando policial.
No se les separa del cargo por “malos o flojos” sino que se les aparta debido porque no cumplieron con el requisito esencial que es aprobar el examen de evaluación de confianza, abundó el funcionario estatal.
