A un año de que se haya publicado la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las acciones que se han realizado en beneficio y protección de estos grupos, no han sido visualizadas, ante ello, el Congreso del Estado se mantiene en espera, para que el Ejecutivo del Estado, informe sobre las acciones implementadas, así como los mecanismos en funciones que han puesto en marcha, para la protección de este sector vulnerable de la sociedad, así lo informó la diputada María Eugenia Méndez Dávalos.
La parlamentaria Méndez Dávalos señaló, “es urgente que el Gobierno Estatal en colaboración con el Federal, implementen los mecanismos necesarios que coadyuven en la prevención y protección, así como el que les permita resolver algunas de las causas profundas de la violencia contra los periodistas y de la impunidad que actualmente prevalece en nuestro Estado, asimismo, las autoridades competentes deben garantizar el pleno ejercicio periodístico de este sector responsable de informar a la población sobre lo que acontece en nuestra entidad y proteger su integridad física y psicológica en cualquiera de sus ámbitos”, reiteró.
Es importante recordar que el pasado 09 de julio, las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, María Eugenia Méndez Dávalos y Laura González Martínez, presentaron ante el Pleno un Punto de Acuerdo para que el titular del Ejecutivo Estatal en un término no mayor a treinta días a partir de la fecha solicitada, informe lo referente a los mecanismos que han emprendido, en cumplimiento a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de hacer efectivas las medidas previstas en el mecanismo para garantizar la vida, integridad, así como la libertad y seguridad del sector michoacanos.
Cabe destacar que en nuestro país, este 25 de junio se cumplió un año desde que se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, misma que contempla medidas de prevención y acciones específicas para su erradicación. Sin embargo, Amnistía Internacional y diferentes organizaciones civiles, señalan que dicha ley ha mostrado grandes debilidades y deficiencias, sobre todo porque no parece contar con el apoyo institucional ni con el nivel de prioridad necesarios por parte del Ejecutivo federal y de las autoridades estatales.
Finalmente, la representante del blanquiazul, reiteró que en Acción Nacional estarán vigilantes y atentos de que se informe al Congreso del Estado sobre las acciones implementadas y que la ley se cumpla conforme a derecho.
