La Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial e Infraestructura del Congreso del Estado de Michoacán presentará ante el Pleno un dictamen que sugiere declarar inaplicable la iniciativa que intentaba asegurar dos horas de estacionamiento sin costo en centros comerciales, hospitales, cines, auditorios, parques y estadios.
Según el informe elaborado por la comisión, la propuesta, que fue presentada el 27 de febrero de 2025, buscaba agregar párrafos al artículo 323 del Código de Desarrollo Urbano del Estado, con el propósito de obligar a los establecimientos comerciales y de servicios a ofrecer estacionamiento gratuito durante las primeras dos horas, como un apoyo a la economía familiar y como incentivo al consumo local.
En su justificación, la iniciativa mencionaba que en Michoacán las tarifas de estacionamiento en los centros comerciales varían entre 12 y 20 pesos por la primera hora y 8 pesos por cada hora adicional, además de multas que pueden ascender hasta 200 pesos por la pérdida del ticket, aun cuando el usuario no haya excedido el tiempo de estacionamiento gratuito.
Se sostenía que esta medida sería beneficiosa para los consumidores y los comercios, fomentando así la inversión local y aumentando las ventas.
Sin embargo, el análisis realizado por la comisión indica que la gratuidad en los estacionamientos no puede ser incluida en el Código de Desarrollo Urbano, dado que se considera una norma de carácter administrativo y no urbanístico.
El dictamen subraya que dicho código regula el diseño, la infraestructura y el equipamiento urbano de los desarrollos residenciales, comerciales e industriales, en conformidad con los principios establecidos en el artículo 27 de la Constitución, lo que lo convierte en un marco legal inadecuado para establecer condiciones sobre la provisión de servicios públicos o privados.
Además, el proyecto enfatiza que, de acuerdo con el artículo 181, fracción 17, de la Ley Orgánica Municipal, la regulación de los estacionamientos públicos está bajo la competencia de los ayuntamientos, que son los responsables de definir, a través de reglamentos, la obligatoriedad, las condiciones y las circunstancias para dichos servicios en sus respectivas áreas.
El dictamen, fechado el 8 de julio de 2025, se presentará para discusión ante la Septuagésima Sexta Legislatura, proponiendo el rechazo de la iniciativa según los términos planteados.
El documento cuenta con la firma de la presidenta de la comisión, diputada Sandra Olimpia Garibay (Morena), y los miembros Vanessa Caratachea (PAN), Hugo Ernesto Rangel Vargas (PT) y Jaqueline Avilés (Morena), quienes coinciden en que, aunque esta medida intenta aliviar la carga económica de los consumidores, no puede incorporar en un código cuyo objetivo es técnico y de planeación urbana, y no de regulación comercial o administrativa.
La propuesta de improcedencia podría ser presentada ante el Pleno en la sesión del 15 de octubre, como parte del conjunto de dictámenes que se someterán a votación durante el próximo periodo ordinario de sesiones legislativas.
