La instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán ha sido motivo de fuga de recursos y erogaciones cuantiosas para la contratación de consultorías y asesorías que elaboran proyectos de ley que finalmente deben ser corregidos en el Congreso local, o bien que acaban por no ser aprobados ante la mutación de criterios federales.
Así ha sucedido con diversas normas sobre las que se contrata a consultores dentro del Consejo Implementador para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, los que elaboran anteproyectos que, tras ser avalados por el Consejo, son turnados al Congreso y acaban por ser modificados en las comisiones legislativas por no ajustarse en muchos de los casos a la realidad estatal, según lo expresado en diferentes momentos por los propios diputados.
Otros proyectos que se financiaron y se procesaron no verán la luz debido al cambio de criterios federales pese al recurso erogado para su elaboración, un ejemplo es la Ley de Sujetos Protegidos, misma que se ha determinado que no debe ser aprobada ya que será el Código Único de Procedimientos Penales el que abarque las disposiciones que en ella se contemplaban.
Los informes turnados a los integrantes del Consejo Implementador no incluyen los nombres de las consultorías contratadas, las licitaciones ni los montos particulares convenidos; tampoco es posible verificar que esta información de oficio se difunda en el portal de Internet del Consejo debido a que está fuera de circulación por mantenimiento.
En el Acuerdo para la Distribución del Presupuesto Operativo para el Ejercicio Fiscal 2014, en materia legislativa y normativa se contemplaron algunas cifras; por ejemplo, una de doce millones de pesos para el concepto “convenio con diputados”, sin que quede claro en qué consiste dicho convenio.
Ahí se propone además que la cantidad considerada en el capítulo 5000 para la adquisición de un vehículo utilitario por 340 mil pesos y una suma adicional de 200 mil pesos considerada dentro del monto correspondiente a congresos y convenciones del Capítulo 3000, se trasladara al apartado de “Asesorías asociadas a convenios, tratados y acuerdos” de ese mismo capítulo, “a fin de hacer posible la contratación de consultorías para la elaboración o revisión de legislación y protocolos que las diferentes instituciones operadoras han informado a esta Secretaría (Técnica del Consejo), son necesarios para la implementación del Sistema Penal Acusatorio en condiciones óptimas”.
En el informe de actividades de la Secretaría Técnica del Consejo, correspondiente a enero y febrero, en el rubro correspondiente al Eje de Normatividad, se informa que se presentó el proyecto MICH-13-2014 para la elaboración de la normatividad intermedia y complementaria para la implementación y funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El monto total previsto ahí es por 800 mil 400 pesos con IVA incluido, desglosado de la siguiente manera: para la elaboración del proyecto de la nueva Ley de Seguridad Pública del estado se previeron 301 mil 600 pesos, para el proyecto de Ley de Administración de Bienes Asegurados y Decomisados del Estado fueron 301 mil 600 pesos, para la elaboración de ajustes al proyecto de Ley para la Atención de Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado, 197 mil 200 pesos.
En el caso del proyecto para la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado, ni siquiera se ha iniciado con la confección, ya que la licitación emitida por el Consejo se declaró desierta ante la falta de respuesta, por lo que se acordó que ésta se elaboraría directamente entre el Consejo y el Congreso, aunque de ello aún no está enterado el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Marco Polo Aguirre Chávez, quien la semana pasada declaró a este medio que el Legislativo esperaría la propuesta que le turne el Consejo.
En cuanto al proyecto de Ley para la Atención de Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado y los ajustes que se le harían, la propuesta del Consejo ni siquiera ha arribado al Poder Legislativo, donde ya existen tres iniciativas en la materia: una presentada por el coordinador parlamentario del PRD, Fidel Calderón Torreblanca; otra por el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, y una más por los diputados Eleazar Aparicio Tercero, Laura González Martínez, Cristina Portillo Ayala, Marco Polo Aguirre Chávez y Reginaldo Sandoval Flores.
Para esta norma ya ha sido instalada una Comisión Técnica que elabora el dictamen con base en las tres propuestas que se han presentado, y la intención es que en el próximo periodo ordinario de sesiones sea aprobada la ley.
El pasado 7 de mayo, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Consejo Implementador sostendría una reunión en la que se determinó el manejo que se daría a los recursos federales que arribaran al estado para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Ahí se preverían recursos adicionales para los proyectos de normas que no acaban de concretarse, en particular se le asignó más dinero a la Ley Estatal de Seguridad Pública y la Ley de Administración de Bienes Asegurados y Decomisados del Estado por un monto total de 348 mil pesos.
En un análisis realizado por la Secretaría de Gobernación, donde se desglosan las áreas de oportunidad y ejes para el Nuevo Sistema de justicia Penal en Michoacán, en materia normativa se enlistan los pendientes, entre los que se encuentra la abrogación del Código de Procedimientos Penales, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y la Ley de Justicia Alternativa y/o Restaurativa.
Asimismo, el Congreso tiene pendiente emitir la declaratoria de la incorporación de Michoacán al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Entre las normas pendientes se encuentran la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Ley de Justicia para Adolescentes, el nuevo Código Penal, la Ley de Seguridad Pública, la Ley de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito, la Ley de Sujetos Protegidos, la Ley de Administración de Bienes Asegurados y Decomisados y la ley en materia de Secuestro.
Además está pendiente de alinear a las normas nacionales el tema de trata y de medidas cautelares.
En febrero pasado, las legislaturas locales del país signarían con las cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, con la Secretaría de Gobernación, con el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Procuraduría General de la República y la Confederación de Diputados de la República un acuerdo nacional de coordinación y cooperación legislativa con el objeto de coadyuvar en la adecuación del marco normativo necesario para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
La intención de dicho acuerdo fue intercambiar experiencias en la materia y apoyar los compromisos asumidos en la medida de las atribuciones de cada uno, el Senado y el Congreso federal asumieron el compromiso coordinar con los congresos locales acciones para alcanzar la armonización legislativa, situación que en Michoacán no se ha observado.
