Por su ubicación geográfica y estratégica, México figura como el corredor migratorio con mayor flujo a nivel internacional. Representa el canal de tránsito para miles de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que anualmente buscan ingresar a los Estados Unidos, el principal país de destino de migrantes en el plano mundial y en segundo lugar a Canadá.
país de origen, destino y recientemente de retorno de migrantes- se erige en el continente americano como el prototipo del carácter pluridimensional de la migración actual. Sin embargo y a pesar de la naturaleza global y transnacional de los desplazamientos humanos, no existe una gestión de la migración desde la perspectiva de los derechos humanos en nuestro país: ni para los que transitan, ni para aquéllos que se quedan y mucho menos para los que retornan al ser deportados.
Por el contrario, se continúan aplicando políticas migratorias de contención, persiste el endurecimiento de la legislación en la materia y se privilegia el enfoque de seguridad nacional. Sin embargo, estas medidas llevan implícito un modelo de gestión que vulnera los derechos humanos y que exacerba la discriminación y violencia a la que se enfrentan los migrantes cotidianamente.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, que aborda puntualmente lo que ha llegado a catalogarse como una de las principales tragedias humanitarias en la región: la persistente violación a los derechos humanos de las personas migrantes en nuestro país.
Son múltiples los derechos que les son negados a los migrantes, como sus derechos civiles y políticos, pero también sus derechos económicos, sociales y culturales –en particular el derecho al trabajo, a la educación y el derecho a la salud-.
Además de ello, homicidios, secuestros, desapariciones, actos de violencia sexual, trata de personas, tráfico de migrantes, discriminación y detención migratoria sin garantías procesales y protección judicial son algunas de las graves violaciones a las personas migrantes nacionales, internacionales y transnacionales que son señaladas en este informe.
