Debido a que la Ley de Responsabilidad en el Estado se encuentra desfasada con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley no puede sancionar a los servidores públicos y el erario se ve dañado, indicó en conferencia Doroteo Baltasar Chávez, director de las responsabilidades en la Coordinación de Contraloría del Gobierno del Estado.
Los servidores públicos del Ayuntamiento de Morelia fueron convocados para escuchar la conferencia de Doroteo Baltasar, quien entre otras cosas destacó el problema de desfase que tiene dicha ley, la cual argumentó es urgente debe ser sustituida completamente porque una modificación no sería suficiente debido a los cambios constitucionales.
En ese sentido, en entrevista el funcionario estatal recordó que la iniciativa de Ley está guardada desde hace tiempo en el Congreso del Estado; dicha iniciativa propone una nueva reforma de ley, porque la actual se encuentra diferenciada con la Constitución.
Lo anterior, detalló que afecta en todos los sentidos, por ejemplo, en el caso de los procedimientos de revisión en las dependencias no se hacen en tiempo real, mismos que en ocasiones se prolongan en tiempo, que cuando llegan finalmente a las áreas de responsabilidad, la ley ya no puede sancionar a los servidores públicos porque sencillamente ya no están en funciones.
En esa tesitura, detalló que la desactualización deja abierta dos posibilidades: la primera el tiempo de investigación, el cual en Michoacán es de 6 meses, que no son suficientes para culminar un procedimiento; el segundo, tiene que ver con los daños patrimoniales que se quedan en suspenso.
“Quien maneja recursos públicos debe manejar las fianzas, y resulta que el servidor no las garantiza, entonces cuando finalmente se hace efectivo los procedimientos no se puede sancionar porque el servidor fue cuidadoso y no dejo nada en su nombre, lo correcto es que hubiera una fianza” opinó.
Por lo anterior, estipuló importante que haya una reglamentación que pueda cumplir con el cometido de la trasparencia, eficacia, honestidad y parcialidad que son principios rectores del servicio público.
