EEUU lleva a cabo una investigación sobre dos gobernadores adicionales de Morena, según informa LA Times; se revocan las visas de Alfonso Durazo y Américo Villarreal y se les otorgan permisos especiales.
Ambos gobernadores se encontrarían bajo un programa denominado libertad condicional por beneficio público significativo, el cual permite a individuos no ciudadanos proporcionar testimonio ante un gran jurado.
El gobierno estadounidense está llevando a cabo averiguaciones sobre los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos del partido Morena, bajo sospechas de tener conexiones con el crimen organizado en el caso de Durazo y por huachicol respecto a Villarreal, según el medio Los Angeles Times.
De acuerdo con el medio estadounidense, ambos han tenido sus visas canceladas mientras se desarrollan las investigaciones penales, aunque se encuentran bajo un programa llamado libertad condicional por beneficio público significativo, que otorga a no ciudadanos la posibilidad de testificar ante un gran jurado para reducir posibles repercusiones de cargos existentes o en espera en su contra o de terceros.
Una indagación de Los Angeles Times y Puente News Collaborative indica que las medidas en contra de los gobernadores en funciones podrían afectar a Morena, el partido que está en el poder en México, y generar una tensión adicional en las relaciones entre Estados Unidos y México.
Fuentes asociadas al caso, que prefirieron permanecer en el anonimato por tratarse de temas internos, afirmaron que la visa del gobernador Alfonso Durazo de Sonora fue anulada el año pasado, existiendo investigaciones en su contra por supuestos nexos con el crimen organizado.
En cuanto a Américo Villarreal, las pesquisas que lo involucran están relacionadas con el tráfico de combustible, según indicaciones de fuentes cercanas al caso, quienes mencionaron que Villarreal también se beneficia de la libertad condicional por beneficio público significativo.
El pasado mes de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había imputado al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, de facilitar la entrada ilícita de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos a cambio de sobornos y favores electorales que alcanzaron millones de dólares.
Es significativo recordar que en este caso, un gran jurado en Nueva York formuló la acusación contra el ahora gobernador con licencia, quien también pertenece a Morena, lo que llevó a que el gobierno estadounidense solicitara su extradición.
Según las fuentes citadas por los reporteros, a Durazo, quien fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se le denegó una visa, aunque viaja a Estados Unidos de manera habitual para recibir atención médica a través de un programa especial estadounidense dirigido a quienes colaboran en asuntos de seguridad pública.
“El programa, denominado Significant Public Benefit parole, permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para aliviar las repercusiones de cargos activos o pendientes contra ellos mismos o terceros”, de acuerdo con el informe revelado este miércoles.
Respecto a Américo Villarreal, quien es el actual gobernador estatal, también tendría acceso a dicho permiso especial y “cuando cruza a Estados Unidos con frecuencia es acompañado por funcionarios estadounidenses”, según la investigación elaborada por los reporteros Steve Fisher y Kate Linthicum.
En relación a esto, en una comunicación dirigida a los periodistas acerca del tema, el mandatario morenista de Tamaulipas desmintió de manera categórica cualquier acusación en su contra.
