Expanden Estrategia Contra el Crimen Organizado

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* Exige PAN Extender Estrategia Federal y un Incluyente Modelo de Seguridad.
* Panistas reclaman castigo también a los funcionarios omisos e irresponsables que quitaron la seguridad al alcalde de Tanhuato y se rehusaron a restituirla.
Tras reiterar su enérgica condena en contra del cobarde asesinato del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay García, así como demandar el pronto esclarecimiento del crimen, frente a la lacerante realidad de la entidad el Partido Acción Nacional (PAN), a través de su presidente estatal, Miguel Ángel Chávez Zavala, solicitó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, extender la estrategia de seguridad del Gobierno Federal a todas las regiones del estado, en donde se dé prioridad a que inicie en los municipios de mayor incidencia delictiva para la seguridad de todos los michoacanos.
Ya que el crimen perpetrado contra el alcalde Garibay García así como de otros funcionarios municipales fue producto de pasividad, omisión y evasión en la responsabilidad gubernamental ante la inseguridad pública, “dejando a los munícipes michoacanos padecer la violencia, la extorsión y la intimidación de los grupos delictivos”, Chávez Zavala exigió también que se realicen investigaciones a fondo y se sancione a los servidores públicos federales y estatales que decidieron retirar, injustificadamente, la custodia del edil de Tanhuato, a la par de aquellos que ignoraron las solicitudes para la restitución de su seguridad emitida por el Comité Directivo Estatal del PAN el 28 de agosto del 2013.
Acompañado por el coordinador parlamentario del PAN en el estado, Sergio Benítez Suárez, y el secretario de Acción Gubernamental, Said Mendoza Mendoza, el líder blanquiazul detalló que aunque este instituto político reconoce los avances iniciales de la estrategia federal, esta se ha limitado a la región de la Tierra Caliente, no obstante, el imperio de la delincuencia organizada se extendió a toda la entidad ante la complacencia y probable complicidad del Gobierno actual y de las administraciones anteriores.
Lamentó que la falta de confianza y el miedo de la población en general e incluso de los funcionarios para presentar denuncias ante las presiones y crímenes de la delincuencia organizada sea propiciada por el propio Gobierno del Estado y la Federación, ya que, como evidenció el caso de Gustavo Garibay y de muchos otros, “de qué sirve interponer denuncias y pedir seguridad cuando la autoridad opta por hacer caso omiso, lo que se agrava al conocer que pese a que era evidente que corría peligro su vida decidieron retirarle su seguridad”.

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