El Gobierno de México dio a conocer este jueves las disposiciones operativas del programa Las y los Jóvenes Unen al Barrio, una iniciativa reciente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dirigida a individuos de entre 12 y 35 años que no están involucrados en estudios ni en empleo, los cuales tendrán la oportunidad de recibir subsidios económicos mensuales de entre 4 mil y 15 mil pesos a cambio de su participación en actividades comunitarias y en la prevención de la violencia.
El programa dispondrá de un presupuesto total de 325 millones 19 mil 800 pesos para el año 2026, con la expectativa de beneficiar hasta 54 mil 853 individuos en tres modalidades: 48 mil 500 beneficiarios que recibirán un subsidio mensual de 4 mil pesos; 5 mil 400 promotores con 8 mil pesos; y 953 coordinadores municipales, quienes obtendrán 15 mil pesos al mes, siendo este el monto máximo establecido en las disposiciones operativas.
Las disposiciones indican que los interesados deberán demostrar que no están en quehaceres académicos ni laborales, residir preferentemente en áreas prioritarias o con significativo rezago social y aprobar una Escala de Detección de Riesgos, un instrumento que determinará su elegibilidad para ingresar al programa.
Como contraprestación al apoyo económico, los beneficiarios tendrán que llevar a cabo tareas de trabajo comunitario, talleres, capacitaciones y acciones de recuperación de espacios públicos. Las exigencias de trabajo varían según cada modalidad: 90 horas al mes para beneficiarios, 100 para promotores y 192 horas para coordinadores municipales.
Si bien la selección se basará en la Escala de Detección de Riesgos, el documento no incluye el cuestionario, no clarifica la metodología utilizada para evaluar a los solicitantes, ni especifica qué variables se considerarán o si el instrumento dispone de algún tipo de validación técnica o científica. Solo establece que clasificará a los individuos en niveles de riesgo alto, medio o bajo, calificación que determinará su acceso a los beneficios.
Las disposiciones también dejan sin aclarar el procedimiento mediante el cual la SSPC verificará el cumplimiento de las horas de trabajo comunitario requeridas para recibir el apoyo económico. Si bien se contemplan informes de asistencia y se estipula que las actividades serán validadas para autorizar los pagos, no se detallan los métodos para registrar la asistencia, quién validará las horas realmente trabajadas, ni los mecanismos de supervisión en el terreno.
Otro aspecto significativo es que el programa considera como elegible a jóvenes en conflicto con la ley, personas que han recuperado su libertad, migrantes, refugiados y personas en situación de calle, siempre que satisfagan los criterios de elegibilidad establecidos en las disposiciones operativas.
Finalmente, las disposiciones también omiten establecer un calendario para el inicio del programa. No se indican fechas para el reclutamiento de las 54 mil 853 personas beneficiarias ni los municipios donde se empezará a incorporar a los jóvenes, por lo que el comienzo de esta estrategia dependerá de la implementación que determine la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
