Por sospechas, robos menores que van de 300 pesos o bien sin poder tener elementos suficientes de prueba para determinar su responsabilidad se encuentran al menos el 80 por ciento de los reclusos en las cárceles del estado, así lo señaló la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Laura González Martínez “Es lamentable que alrededor de un 80 por ciento de los internos no tenga su proceso penal plenamente ejercido, están por sospecha o cuestiones no comprobadas, están incluso conviviendo con reclusos que están sentenciados por delitos mayores, y en vez de tener la reinserción social se tienen escuelas de delincuencia”, dijo.
La diputada señaló que los acercamientos mantienen con las familias de los reclusos, las mamás, esposas e hijos ha quedado de manifiesto estas deficiencias que tienen que ver con los derechos humanos de los internos, esencialmente comida, atención medica, hacinamiento y la posibilidad de ir al baño y que tiene que ver con el cobro de cuotas, así como acoso sexual. Estos elementos, dijo tiene que ver con las condiciones mínimas básicas para levantarse todos los días, no se habla de rehabilitación o reinserción, sino se cumple para lograr tener reclusos sanos, se trata insistió de una cuestión de humanidad. “No es un privilegio es un acto que tiene que ver con humanidad”, comentó. En promedio, comentó, la diputada una madre para tener en un nivel de vida “normal” no privilegiada dentro del reclusorio y tener un trato más digno si tiene que ver con los recursos económicos que la familia tiene que soportar e incluso puede gastar hasta 12 mil pesos.
Familias enteras, mencionó se ven imposibilitadas de hacer frente a este situación y tiene que ser resuelto por el sistema penitenciario que tiene que reconocer los derechos humanos de los reclusos. A esto expuso se suma las posibilidades prácticamente nulas que tienen de resolver situaciones administrativas y lo que se traduce en una situación de inaccesibilidad a la justicia.
