Es lamentable la determinación tomada por el gobierno federal para no permitir el traslado de José Manuel Mireles Valverde a un centro de reclusión estatal consideró el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Pascual Sigala, quien señaló que al menos por razones humanitarias se debió valorar el caso y demandó su pronta liberación.
Ante la determinación del gobierno federal, adelantó que en coordinación con diputados locales de otras entidades analizarán acciones a seguir para demandar desde los diversos Congresos Locales que el caso Mireles sea analizado y buscar su traslado y liberación.
Resaltó que hay coincidencias entre diversos actores políticos de la entidad y en el país en que la federación debe desistir de la acción penal en contra de Mireles Valverde, y subrayó que se continuará demandando su pronta liberación.
Sigala dejó claro que de continuar el largo y burocrático proceso en contra de Mireles Valverde, la sociedad lo vería como un mal precedente, dejaría de confiar en las autoridades, como ya se ha manifestado no sólo por mexicanos sino por diversos sectores sociales en el mundo.
Insistió en que el argumento de la autoridad que mantiene privado de la libertad al ex líder de las autodefensas pierde fuerza si recordamos que el Derecho Penal surge como la necesidad de ordenar y garantizar la vida gregaria del ser humano en sociedad, y justo eso fue lo que él busco con su movimiento, lo cual trajo como consecuencia el restablecimiento del Estado de Derecho en la tierra caliente y en diversas zonas de la geografía michoacana.
Sigala recordó que en muchas regiones del estado la población estaba a merced de los grupos delictivos, y con la finalidad de tratar de restablecer la paz en la entidad un grupo de ciudadanos decidieron enfrentar al crimen organizado y proteger su vida, encabezados por Mireles, quien fue encarcelado por esa causa.
