Leonel Godoy Rangel ha decidido nuevamente acudir a las instancias judiciales para salvaguardar su dignidad y reputación.
El representante federal ha presentado una denuncia contra el director general de una firma especializada en imagen y encuestas de opinión, quien deberá presentarse el próximo jueves ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
El empresario asistirá en calidad de indiciado ante la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Cometidos a través de Medios Cibernéticos.
La investigación fue iniciada por los supuestos delitos de ultraje al honor y a la imagen personal.
De esta manera, Godoy vuelve a poner su credibilidad en manos del sistema judicial.
No es un suceso inédito.
En 2017, inició una disputa legal contra Quadratín y su director por presunto daño a su integridad moral, a raíz de una campaña publicitaria realizada por la agencia.
El proceso judicial se extendió durante un período de tres años.
Godoy no logró salir victorioso.
Y fracasó en todas las instancias judiciales.
Finalmente, el Poder Judicial de la Federación le denegó el amparo y mantuvo en firme la condena que, además, lo obligó a asumir los costos y gastos administrativos.
Este episodio incluso incluyó un momento especialmente incómodo para el exgobernador: durante el procedimiento, un tribunal de Morelia lo consideró como confesado en relación con acusaciones sobre su mala reputación y alegaciones de corrupción en su gestión, tras no haber comparecido para una prueba confesional.
En esta ocasión, vuelve a intentarlo.
Y lo hace fundamentándose en una carrera política que ha estado marcada por hechos mucho más serios que meras críticas o cuestionamientos sobre su imagen.
Durante su mandato, entre 2008 y 2012, Michoacán experimentó uno de los períodos más caóticos y violentos de su historia.
Al inicio de su gestión tuvieron lugar los ataques con granadas del 15 de septiembre de 2008 en Morelia: un atentado contra la población civil que resultó en la muerte de ocho personas y más de un centenar de heridos.
Posteriormente, ocurrió el llamado Michoacanazo.
Numerosos funcionarios y empleados del gobierno fueron arrestados por supuestos lazos con el crimen organizado. La mayoría de ellos recuperó su libertad posteriormente.
Adicionalmente, se dio el caso de su hermano Julio César Godoy Toscano.
El entonces diputado federal fue señalado por autoridades federales por supuestos vínculos con La Familia Michoacana y terminó siendo desaforado.
La controversia también ha perseguido a Leonel Godoy más allá de Michoacán.
Como delegado nacional de Morena en Baja California, participó en el proceso electoral de 2019.
El Tribunal de Justicia Electoral de esa entidad dictó posteriormente responsabilidades por infracciones a la legislación electoral durante dicho proceso, y ordenó informar a los partidos políticos correspondientes.
Godoy fue penalizado con la suspensión temporal de sus derechos dentro del partido.
Así, el político que ha estado involucrado en algunos de los episodios más polémicos de la historia reciente de Michoacán ahora solicita nuevamente resguardo para su honor y su imagen.
Este jueves, se abrirá un nuevo capítulo en la Fiscalía.
Frente a él, nuevamente habrá alguien que deberá rendir cuentas ante la justicia por lo que Godoy considera una ofensa a su reputación.
Una reputación que, al parecer, seguirá generando trabajo para abogados y tribunales.
