El Congreso de Michoacán se prepara para aprobar el miércoles venidero una de las reformas electorales más integrales de los últimos años: un informe de 127 páginas que integra 24 iniciativas y cerca de 30 modificaciones al sistema político electoral de cara a la elección de 2027.
Esta iniciativa trae consigo alteraciones en las normas del Código Electoral y en la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, tras más de un año de propuestas, negociaciones y mesas técnicas entre legisladores, organismos electorales, el Poder Ejecutivo y representantes de partidos.
El paquete abarca prácticamente todos los aspectos críticos del sistema electoral michoacano: la violencia política contra las mujeres, las acciones afirmativas, las candidaturas independientes, el voto de los migrantes, la representación proporcional, la publicidad gubernamental, la justicia electoral, la digitalización de registros, la nulidad de elecciones y el funcionamiento interno de los organismos electorales.
No obstante, la Comisión de Asuntos Electorales optó por no abordar en profundidad el tema que generó más tensiones y cuestionamientos en el proceso electoral anterior: los mecanismos necesarios para prevenir la usurpación de candidaturas indígenas, de diversidad sexual, de personas con discapacidad y de otros colectivos tradicionalmente vulnerables.
A pesar de que el dictamen incluye acciones afirmativas para personas indígenas, afromexicanas, discapacitadas, migrantes y de la comunidad LGBTQ+, no se establecieron normativas específicas sobre la acreditación de pertenencia efectiva a esos grupos ni filtros que impidan simulaciones.
Este asunto quedó pendiente debido a la necesidad de llevar a cabo consultas previas con los pueblos y grupos afectados, un requisito constitucional esencial para realizar cambios significativos en esta área.
De este modo, parte de la regulación específica quedaría bajo la jurisdicción del Instituto Electoral de Michoacán a través de directrices y criterios operativos hacia 2027, en un escenario similar al que provocó numerosas controversias en el último proceso electoral.
Reforzamiento de los requisitos para candidaturas
Uno de los aspectos más destacados de la reforma intensifica las exigencias para acceder a candidaturas.
El dictamen refuerza el principio conocido como “8 de 8 contra la violencia”, al prohibir postulaciones de personas con deudas alimentarias incumplidas o vinculadas a actos de violencia familiar, delitos sexuales y violencia política de género.
También se incorporan verificaciones interinstitucionales para revisar los requisitos de elegibilidad y se implementarán expedientes electrónicos que faciliten el proceso de inscripción.
El Congreso argumenta en el documento que el acceso a espacios públicos no debe evaluarse exclusivamente desde una perspectiva documental, sino también en función de estándares mínimos de responsabilidad pública y defensa de derechos.
Simultáneamente, se amplían las facultades del Tribunal Electoral del Estado y del Instituto Electoral de Michoacán para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres por motivos de género.
La reforma sostiene que este tipo de violencia afecta no solo a las víctimas directas, sino que distorsiona las condiciones de representación democrática y participación política.
Equidad, partidos políticos y menor margen de confrontación con el IEM
Otro de los aspectos importantes redefine la interacción entre los partidos políticos y la autoridad electoral en relación a la paridad.
La propuesta establece que los partidos mantendrán la libertad para decidir sus métodos internos de selección de candidatos, mientras que el Instituto Electoral de Michoacán solo verificará el cumplimiento final de las normas de paridad y de los requisitos constitucionales.
Asimismo, establece que la alternancia de género servirá como una guía para lograr la paridad, aunque no actuará como un requisito independiente para el registro.
La modificación se produce tras años de conflictos entre los partidos y el Instituto Electoral respecto a la extensión de la intervención de la autoridad administrativa en las decisiones internas relacionadas con las candidaturas.
Digitalización de elecciones y justicia electoral
La reforma busca modernizar gran parte de la operativa electoral.
Entre las modificaciones resaltan el uso de expedientes electrónicos para las candidaturas, la digitalización de documentos, las notificaciones electrónicas y la actualización de los procedimientos en los recursos de impugnación.
El propósito, conforme al dictamen, es disminuir las cargas administrativas, acelerar los procesos de verificación y reducir tanto la discrecionalidad como la posibilidad de error.
Además, se revisan las normas sobre la sustitución de candidaturas, la reimpresión de boletas, la conformación de expedientes y el desarrollo de los cómputos electorales.
Derecho al voto de migrantes, prisión preventiva y personas en situación de postración
Otro bloque amplía las formas de participación política. La reforma reconoce de forma explícita el derecho al voto para las personas que se encuentran en situación de postración y aquellas que están en prisión preventiva sin una sentencia definitiva.
Asimismo, se establecen normas para las candidaturas migrantes basadas en criterios de residencia binacional.
El dictamen sostiene que la democracia no debe restringirse solo a ciudadanos que se encuentran en condiciones normales de movilidad o residencia, y que el sistema electoral debe adaptarse a una realidad social más diversa y compleja.
También se obliga al Instituto Electoral de Michoacán a mejorar la accesibilidad y la difusión de convocatorias a través de medios digitales, redes institucionales y lenguas indígenas predominantes en diversas regiones del estado.
Prohibición de “coaliciones” entre independientes
La reforma también aborda el tema de las candidaturas independientes. El dictamen prohíbe que los aspirantes independientes compartan publicidad, plataformas, emblemas o campañas coordinadas que puedan dar la impresión de actuar como un bloque político.
La intención, de acuerdo con el documento, es prevenir simulaciones que transformen las candidaturas independientes en equivalentes de coaliciones partidistas, sin seguir las reglas que son aplicables a los partidos.
Al mismo tiempo, la comisión desestimó propuestas para reducir los porcentajes necesarios de respaldo ciudadano, ampliar los plazos para la recolección de firmas o incrementar el financiamiento privado.
Los legisladores argumentaron que flexibilizar esos requisitos podría alterar las condiciones de equidad en la competencia y generar impactos en la operativa y la fiscalización por parte de la autoridad electoral.
Nuevas regulaciones contra la violencia y campañas negativas
El paquete reforma también actualiza el régimen de sanciones electorales. La reforma incluye conceptos como violencia digital, campañas negativas, propaganda gubernamental inapropiada y expresiones difamatorias, además de fortalecer los procedimientos especiales de sanción.
El Congreso reconoce que las dinámicas de la competencia política han cambiado con las redes sociales y los entornos digitales, lo que exige que las autoridades cuenten con herramientas más actualizadas para enfrentar nuevas formas de agresión política y desinformación.
Intervención criminal como causa de nulidad
Además, el dictamen introduce una nueva causa de nulidad de elección que se relaciona con el homicidio intencionado de candidaturas registradas cuando dicho acontecimiento afecta las condiciones de libertad, autenticidad y equidad de la contienda electoral.
La modificación parte de la premisa de que la violencia extrema contra los aspirantes no solo impacta a una persona en particular, sino que puede modificar el comportamiento del electorado, inhibir la participación ciudadana, generar temor social y distorsionar el resultado de una elección, particularmente en contextos donde existen presiones criminales o disputas territoriales.
Aunque el informe no menciona explícitamente al crimen organizado como una causa independiente para la nulidad, sí enfatiza la necesidad de salvaguardar los procesos electorales frente a elementos de violencia, métodos de coacción y escenarios de criminalidad organizada que pudieran poner en peligro la genuinidad del sufragio.
En la práctica, la modificación permite que los tribunales electorales evalúen si homicidios, amenazas o episodios violentos relacionados con una candidatura han tenido un impacto decisivo en el transcurso de una elección y, eventualmente, podrían llevar a la anulación de los resultados.
Regidurías, austeridad y control institucional
La reforma también establece cambios en las normas para la composición de los ayuntamientos. A partir de ahora, las candidaturas a las presidencias municipales y sindicaturas que no obtengan el triunfo podrán acceder a regidurías de representación proporcional según el orden de preferencia de las planillas.
El dictamen sostiene que la finalidad es reflejar de una manera más precisa la diversidad política manifestada en las urnas y fortalecer la representación de las minorías en los cabildos.
Asimismo, se implementan límites salariales para los funcionarios del Instituto Electoral de Michoacán y del Tribunal Electoral del Estado, en conformidad con los límites constitucionales y las políticas de austeridad.
Se refuerzan, además, las obligaciones de transparencia y la actividad real para los grupos políticos estatales, así como el fortalecimiento de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral mediante listas de reserva y nuevas normativas operativas.
Las mesas técnicas para la reforma se iniciaron formalmente el 2 de marzo en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán y continuaron a lo largo de abril y mayo, con la participación de magistraturas electorales, el Poder Ejecutivo, partidos y legisladores.
La Comisión afirma en el dictamen que el objetivo es alinear la legislación local con criterios constitucionales y jurisdiccionales recientes, además de fortalecer las capacidades institucionales del sistema electoral de Michoacán.
Sin embargo, el que el Legislativo haya dejado pendiente la regulación específica sobre la usurpación de acciones afirmativas sugiere que una parte significativa de las controversias hacia 2027 se trasladará nuevamente a los lineamientos administrativos y tribunales electorales.
