Llama Torres Piña a la Unidad del Sector Educativo y la Izquierda

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La mayoría de los diputados del Partido de la Revolución Democrática votaron en contra de la aprobación de las leyes secundarias, propuestas para complementar las reformas a la Ley General de Educación, puntualizó Carlos Torres Piña, secretario general del PRD en Michoacán, al sentenciar que la reforma únicamente persigue intereses de control administrativo, sin haber abierto una revisión de los contenidos pedagógicos que por años se han impulsado desde la izquierda.
El exdiputado federal, felicitó a los legisladores perredistas y del movimiento progresista, que se negaron “a subirse a la foto de la aprobación de una reforma que parece mediáticamente redituable”, pero que en el fondo no garantiza elevar los niveles de desarrollo cognitivo de los estudiantes. De manera particular, Torres Piña resaltó la participación de los diputados del Frente Democrático Cardenista y Alternativa Democrática Nacional FDC-ADN, Ángel Cedillo Hernández, Víctor Manríquez González y Armando Contreras al tratar de frenar dicha aprobación.
Al reiterar que es momento de unificar a los sectores de la izquierda mexicana, Torres Piña advirtió que el aval de los maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), heredado por Jongitud Barrios y Elba Esther Gordillo, descubre un acuerdo que se verá reflejado en la discrecionalidad con la que se aplicarán los mecanismos para implementar las reformas planteadas por el Ejecutivo federal.
El secretario general del PRD, consideró que la aprobación de las leyes secundarias de la Ley General de Educación, representa un conflicto de carácter laboral que incluso ya se encuentra en los tribunales, razón que mantuvo a la gran mayoría de los diputados federales perredistas en una posición congruente con los principios del sol azteca.
Finalmente, Torres Piña invitó a los sectores afectados por la reforma educativa a unirse e impulsar un frente, que bajo los fundamentos que dieron origen a la izquierda mexicana y mediante los mecanismos legales dispuestos en la Constitución Política de México, sea capaz de contrarrestar los intereses de la derecha que se ven reflejados en las reformas laboral, educativa y energética.

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