Es necesario que en la vía para acabar con la corrupción en México, participe activamente la ciudadanía y se establezcan mecanismos que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas, dijo la senadora Rocío Pineda Gochi, al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
En nombre de las senadoras Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez y Angélica Araujo Lara, la legisladora Pineda Gochi expuso que su propuesta pretende aumentar los beneficios del proceso de fiscalización federal a los ciudadanos y la obligación de la Auditoría Superior de la Federación a considerar peticiones, solicitudes y denuncias.
La senadora por Michoacán añadió que con su iniciativa se impactará positivamente en las entidades auditadas, incentivará la participación de la sociedad, al tiempo de fortalecer y legitimar la democracia mexicana.
La inclusión de las denuncias ciudadanas mejorará la gestión de las mismas y generará incentivos que permitan conformar un plan de trabajo plural que fortalezca la labor fiscalizadora y su legitimidad, mencionó la senadora Rocío Pineda.
En tribuna, indicó que México ha sido promotor de reformas con el fin de institucionalizar la cultura de la legalidad a través mecanismos de acceso a la información pública, de transparencia y rendición de cuentas. En el país, insistió, se cuenta con leyes que abren a la sociedad información sobre el uso y destino de los recursos públicos, y leyes que combaten de manera frontal el fenómeno de la corrupción.
No obstante, la legisladora Pineda Gochi explicó que a pesar del basto andamiaje legal y de iniciativas en pro de los gobiernos abiertos y transparentes, la corrupción sigue siendo un flagelo que tiene fuertes implicaciones negativas en la vida institucional del país, en el crecimiento económico y en la pérdida de productividad.
Al mismo tiempo informó que el acceso a la información pública tiene mecanismos incipientes y la sociedad en general no hace uso de ellos. Es de considerar que a pesar de que la sociedad civil organizada se involucra y exige mayor apertura para participar en los asuntos públicos, aún no genera un verdadero contrapeso y un mecanismo de control en el desempeño de las actividades del Estado, concluyó.
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