“La iniciativa propuesta por el legislador del PRI, Francisco Arroyo Vieyra, con la cual busca reformar el artículo 1º constitucional; resulta un retroceso y vacio en materia de derechos humanos en México”, así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Laura González Martínez.
“La reforma presentada en el 2011 en materia de derechos humanos en nuestro país, fue de gran relevancia para el sistema de protección y garantía de los derechos humanos, generando un cambio en la Constitución así como en la cultura que debemos adoptar los mexicanos”, resaltó la legisladora del blanquiazul, al catalogar como una iniciativa arriesgada la presentada el pasado 03 de enero en la cámara baja del Congreso de la Unión por la fracción del Partido Revolucionario Institucional.
Sin duda, González Martínez resaltó como un logro trascendente y significativo la reforma aprobada en la pasada administración Federal de Felipe Calderón Hinojosa, “fue muy contundente el poder impulsar los derechos humanos, sin duda, permitió la plena incorporación con rango constitucional de todos los tratados de derechos humanos internacionales ratificados por México, con lo cual permitió ampliarse, nutrirse y fortalecer la protección de estos para los ciudadanos de nuestro país”, al mismo tiempo que señaló lo peligroso y aventurero que resultaría el permitir un retroceso en el ámbito.
En el mismo contexto, recalcó la importancia de blindar y cuidar que esta protección continúe y no se permita que sea sesgada y que signifique una reforma regresiva a lo especificado en la Constitución Mexicana.
Señaló que “en el Estado de Michoacán se han logrado grandes avances en cuestión de recomendaciones de todos los ámbitos donde se ejerce el poder, es una evolución importante y hasta innovadora. Por tal motivo, tanto el Poder Legislativo en la entidad representado por la Comisión de Derechos Humanos y Puntos Constitucionales, así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), hemos coincidido en darle la bienvenida a la reforma aprobada, la cual permite sustentar el termino de pro persona que puede ser validado como primacía en cuanto a los derechos humanos”, acentuó la diputada local.
Cabe destacar que la reforma presentada a principios de este 2013, es con el objetivo de dar una supuesta certeza jurídica a la jerarquía normativa en nuestro país. Sin embargo, el hecho de que no exista una jerarquía entre normas de derechos humanos contenidas textualmente en la Constitución y las contenidas en los tratados internacionales implica una garantía frente a cambios constitucionales potencialmente arbitrarios, así como normas ordinarias o actos de autoridad que puedan limitar injustificadamente derechos.
Por tal motivo, debemos subrayar que los tratados internacionales que se han aprobado en México referentes al artículo 76 de la Constitución en materia de los derechos humanos, no se contradicen, simplemente constituyen un nuevo reto y deber para que sean garantizados en todo el país. Así mismo, en el artículo 133 señala las reglas para que los tratados internacionales sean incorporados al sistema jurídico nacional y la Constitución Mexicana sea el filtro de ingreso al mismo, con esto no exista la pérdida de la supremacía constitucional y así estos no deban ser utilizados para limitar nuestros derechos, sino únicamente para expandirlos.
Finalmente, la diputada panista señaló que el ejercicio, el abuso, así como la ausencia de autoridad es un asunto muy delicado y sensible en la entidad, por lo que se comprometió a respaldar el derecho, así como el beneficio y protección de todos los michoacanos.
