La presidencia de la Mesa Directiva de la LXXII Legislatura dio lectura a la iniciativa de Ley de Protección Integral al Ejercicio del Periodismo en el Estado de Michoacán, presentada por diversos ciudadanos periodistas del Estado el pasado 23 de septiembre. Fue turnada a las Comisiones de Justicia y de Seguridad Publica y Protección Civil.
La iniciativa destaca que por sus investigaciones y reportes, instancias internacionales han declarado a México como uno los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Son los periodistas o comunicadores los que han encabezado el ejercicio de estas libertades en la colectividad contemporánea, por lo que se han convertido en un sector vulnerable y objeto de amenazas, agresiones físicas, secuestros, desapariciones y asesinatos que provienen de diversos sectores, desde las entidades públicas, hasta de los poderes fácticos que existen en la sociedad michoacana.
Por ello, refiere el documento, es imperativo la aplicación del Mecanismo de Protección al Periodista en Situación de Riesgo que se plantea en esta iniciativa, buscando una acción efectiva que salvaguarde la integridad física del periodista o comunicador.
Consiste, señala, en replicar en Michoacán los protocolos de seguridad que comprende el mecanismo que indica la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, promulgada el 25 de junio del 2012 a nivel nacional.
Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.
La propuesta de esta iniciativa sostiene que para la seguridad e higiene del periodista, las empresas deberán cumplir, con el auxilio obligado de las autoridades estatales, de lo estipulado en el artículo 123 de la Constitución General de la República y los lineamientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.
Esta ley, refiere, de igual forma obliga al Estado y a todas las entidades que lo conforman a considerar al periodismo como una profesión de interés público y por tanto la obligación de garantizar su pleno y profesional ejercicio. Su interés público tiene basamento en el ejercicio de la libre expresión y del Derecho a la Información.
Pretende incorporar los derechos de libertad de expresión y de información que le dan base al periodismo, pero desde una perspectiva ciudadana, lo cual nos lleva a establecer un marco valorativamente democrático; donde exista una pluralidad de opiniones y de información, pero con responsabilidad social de los actores, sin faltar la función de servicio público de los medios de comunicación.
Por primera vez en el país, destaca la iniciativa presentada por el gremio periodístico, una ley estatal contará con el mayor número de derechos profesionales de los periodistas y comunicadores; así como un marco de derechos de seguridad social, siempre con un esquema de corresponsabilidad de los periodistas con el Estado.
También, los ciudadanos tendrán las garantías para un ejercicio de las libertades de expresión y de información con los debidos contrapesos, como son la creación de un Observatorio Ciudadano de la Comunicación Social y con el Derecho de Réplica.
