Los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentaron al pleno y se aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año, “Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas”.
Según un comunicado de prensa, el diputado federal por Michoacán, Víctor Silva Tejeda, fijó la postura del PRI en tribuna respecto al decreto y sostuvo que:
“en razón del turno que diera el Pleno de esta Soberanía el martes 8 de septiembre, los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, en reunión de la Junta de Coordinación Política del miércoles 9 de septiembre del año en curso, atendiendo a las diversas inquietudes y propuestas presentadas por diversos diputados, y en un acto de solidaridad con los familiares de las víctimas de desaparición forzada en México y con el firme propósito de fortalecer y hacer valer el derecho que tienen las víctimas a la verdad”.
Afirmó que “en el combate a esta conducta delictiva los tres poderes de la Unión se han comprometido con el desarrollo y puesta en marcha de políticas y acciones jurídicas que contribuyan a la difusión, aceptación y ejercicio de una amplia cultura en favor de los derechos humanos y de respeto a la ley que permita erradicar de manera definitiva las prácticas criminales y deshumanizadas que concurren en este delito”.
Destacó que los diputados del PRI tendrán el mantendrán una actitud constructiva, edificante y clara de la buena marcha de las leyes generales sobre la desaparición forzada de personas,
“Lo que nos importa, por encima de banderas políticas, es evitar la impunidad de quien sea, y perteneciente al grupo político o partido cualquiera, y es través de nuestro trabajo legislativo como habremos de lograr leyes que erradiquen este delito”, finalizó.
Recordó que el 30 de abril del presente año La Cámara de Diputados aprobó sin cambios, por unanimidad, con 383 votos a favor, la minuta del Senado que reforma la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes generales sobre desaparición forzada de personas.
El documento se turnó a las legislaturas de los estados, porque requiere del aval de la mayoría para su promulgación.
