* Presenta posicionamiento sobre la segunda etapa de formalización laboral en la Secretaría de Salud.
“Los campesinos michoacanos enfrentan una fuerte problemática denominada coyotaje, que consiste en la práctica deshonesta mediante la cual, se obtiene del productor su cosecha por medio del engaño, a través del compromiso de pagar dicho producto de la cosecha al productor campesino de contado en un plazo determinado”, expresó la diputada Belinda Iturbide Díaz, al presentar una iniciativa de ley que reforma el artículo 218 del Código Penal.
Ante el Pleno, la legisladora habló de la necesidad de establecer mecanismos jurídicos que frenen los actos fraudulentos cometidos por los intermediarios, en contra de los productores agropecuarios, los cuales en su mayoría son pequeños productores, quienes se convierten en víctimas de gente que funge como intermediario entre el productor campesino y el comerciante mayorista.
Con la presente iniciativa, añadió, se pretende frenar los abusos de los cuales son víctimas los campesinos, imputables a título de dolo a una persona mediante las cuales obtiene un lucro indebido en perjuicio de un productor campesino.
Agregó, que para proteger el patrimonio del productor campesino frente a los abusos de los intermediarios, se propone la creación de un tipo penal, para contar con el marco jurídico que otorgue certeza y seguridad a las operaciones agropecuarias.
Iturbide Díaz, indicó que la inclusión de este tipo penal específico en el Código Penal del Estado, tiene como objeto proteger al productor campesino que mediante la celebración de un contrato de compra venta a largo plazo ya sea de manera verbal o escrita, cumpla con la prestación derivada de dicho acto jurídico, disponiendo de su patrimonio a favor del sujeto activo, en virtud del engaño de que fue objeto, al celebrar un contrato con la finalidad de obtener un lucro indebido, causando un detrimento en el patrimonio del campesino.
En lo referente a la comercialización de productos, la iniciativa establece la obligación de las autoridades estatales para que fijen un mecanismo que permita tener un padrón de intermediarios a los que se les exija el depósito de garantías bancarias, con las que respalden sus operaciones.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y dictamen.
