Propone Laura Martínez Modificaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

* Con esta Iniciativa se busca que el ITAIMICH se consolide como un órgano verdaderamente autónomo: González Martínez.
Ante la impostergable necesidad de modernizar la legislación local en materia de transparencia y acceso a la información pública, la diputada Laura González Martínez presentó al Pleno de la LXXII Legislatura, Iniciativa de Decreto mediante el cual se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán.
En este sentido, la exposición de motivos señala que esta Iniciativa busca que el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIMICH), se consolide como un órgano verdaderamente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en materia de acceso a la información pública, transparencia y protección de datos personales.
Consideró a su vez que un pilar básico de esta Iniciativa es promover y fomentar una cultura de transparencia, donde se garantice el acceso a la información, siguiendo los principios y reglas establecidas, donde la rendición de cuentas y publicación proactiva de la información de interés público no pase por alto. Así, por ejemplo, se obligaría al Poder Judicial a transparentar el origen, destino y la aplicación de los montos presupuestales asignados al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.
González Martínez refirió que es fundamental lograr la optimización del nivel de participación ciudadana en la toma de decisiones y en la evaluación de las políticas públicas que se llevan a cabo, esto mediante la creación de espacios de participación social y ciudadana para el intercambio de ideas y propuestas entre la sociedad, así como de mecanismos que impulsen proyectos de organizaciones de la sociedad civil encaminados a la promoción del derecho de acceso a la información.
Explicó que la transparencia sirve para exigir cuentas a los gobernantes, quienes tienen la obligación de responder por lo que hacen y lo que atañe al poder de los ciudadanos, a fin de sancionar los resultados de la gestión en caso de que hayan violado sus deberes públicos. Para su estudio, análisis y dictamen fue turnado a las Comisiones de Derechos Humanos y Gobernación.