El Gobierno de México promueve la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, reconociendo así su capacidad de autogobierno.
Este marco legal reconoce y asegura los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, reforzando su autogestión. Involucra a 69 pueblos indígenas, 1 afromexicano, 16,738 comunidades y 25.8 millones de personas. Se da inicio a un proceso para recoger opiniones sobre la propuesta legislativa.
La propuesta de iniciativa para la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos fue presentada por el Gobierno de México. Este cuerpo normativo tiene como objetivo reconocer, proteger y garantizar los derechos colectivos de estos pueblos, además de potenciar su autonomía como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Adicionalmente, durante la conferencia matutina, Adelfo Regino Montes, máximo autoridad del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, aclaró que la ley se fundamenta en la reforma al Artículo 2º de la Constitución, publicada en septiembre de 2024, que reconoce de manera integral los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.
¿A quién beneficiará?
La iniciativa abarca a:
69 pueblos indígenas
1 pueblo afromexicano
16,738 comunidades registradas
68 lenguas indígenas
25.8 millones de habitantes, lo que representa el 20.5% de la población del país
¿Qué abarca la propuesta?
La ley está conformada por disposiciones iniciales, ocho capítulos y un régimen transitorio.
Algunos de sus aspectos más relevantes son:
Reconocimiento como sujetos de derecho público
Se establecen los lineamientos que permitirán a las comunidades indígenas y afromexicanas ejercer su personalidad jurídica de manera colectiva y administrar su patrimonio.
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Autonomía y libre determinación
Se reconoce su capacidad para tomar decisiones respecto a:
Territorio y tierras
Recursos comunitarios
Propiedad intelectual colectiva
Planes de justicia
Caminos artesanales
Protección específica para la comunidad afromexicana
El proyecto incorpora mecanismos para combatir la discriminación y el racismo, teniendo un enfoque inclusivo.
Derechos de mujeres, niñez y juventud
Incluye acciones afirmativas destinadas a asegurar:
Participación en la vida política
Acceso a la tierra
Igualdad material
Vida sin violencia
Atención a grupos vulnerables
Proporciona especial protección a:
Personas migrantes
Adultos mayores
Personas con discapacidad
Trabajadores agrícolas
Empleadas del hogar
Consulta obligatoria
Uno de los cambios más significativos es la creación de un marco legal que garantice la consulta libre, previa e informada antes de cualquier decisión gubernamental que afecte a estas comunidades.
Recursos públicos directos
Busca fortalecer la asignación de recursos directamente a las comunidades indígenas a través de fondos federales.
Sanciones y amparo indígena
La propuesta contempla la creación del Juicio de Amparo Indígena y Afromexicano, una herramienta jurídica innovadora que defiende los derechos colectivos, no solo los individuales.
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Inicia proceso de consulta nacional
Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica, dio a conocer que el gobierno ha iniciado un proceso de consulta para recibir opiniones y propuestas.
Las etapas serán:
Publicación de la convocatoria en el DOF: 29 de junio de 2026
Fase informativa
Fase de discusión: del 7 de agosto al 13 de septiembre
El procedimiento será supervisado por entidades tanto nacionales como internacionales, incluyendo a las Naciones Unidas.
Regino Montes subrayó que, después de dos siglos de vida del Estado mexicano, esta representará la primera legislación general enfocada únicamente en los pueblos indígenas y afromexicanos.
