La senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del PT, propuso crear la Ley Federal de Protección y Fomento del Empleo, cuyo objetivo principal es establecer un seguro de desempleo a nivel nacional y procurar el desarrollo económico y social integral de los trabajadores.
De acuerdo a información de un comunicado emitido por el Senado de la República, mediante una iniciativa, la legisladora explicó que se busca instituir y normar, como política pública, la programación del seguro de desempleo, en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo formal en el país.
Este mecanismo, agregó, funcionará como un sistema de protección social para las personas desempleadas, residentes en México, tendiente a crear las condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo digno y socialmente útil.
Asimismo, planteó que los beneficiarios sólo pueden acceder al seguro durante un plazo no mayor de seis meses, cada dos años, siempre que justifiquen ante las autoridades correspondientes el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones previstos en este ordenamiento.
Precisó que el monto del seguro ascenderá a 30 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y será entregado mensualmente al beneficiario.
Con esta Ley, dijo, se pretende impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del trabajo, a través de acciones complementarias implantadas por la administración pública federal en sus programas sociales.
Por otro lado, propuso que para fomentar el empleo el titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estimule, apoye, fomente y promueva acciones que eleven la productividad de las empresas, de tal manera que el crecimiento del empleo se traduzca en mayores niveles de bienestar para los habitantes del país.
Para ello, la Secretaría de Hacienda podrá determinar estímulos fiscales para aquellas empresas que generen fuentes formales y permanentes de empleo.
Del mismo modo, para aquellas compañías que demuestren fehacientemente que durante los dos ejercicios fiscales anteriores hayan generado nuevos empleos, tomando como base la plantilla de trabajadores que tuvieran al año posterior, para el caso de empresas ya establecidas.
También, las empresas que contraten indefinidamente desempleados en situación de exclusión social podrán acogerse a este tipo de apoyos.
La legisladora dijo que en momentos como los que vive el país y en los que se padecen los efectos de una crisis económica sin precedente, es necesario plantear si la política económica que ha instaurado el Estado es la necesaria para recomenzar la ruta del crecimiento y para generar mayores expectativas de empleo.
Subrayó que el Estado debe garantizar en todo momento el mantenimiento de una fuerte demanda de mano de obra mediante un aumento de la producción y un ajuste continuo de las estructuras económicas. La iniciativa se turnó a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.