El grupo Hacia un Nuevo Curso de Desarrollo, que incluye a políticos y especialistas de la talla de Cuauhtémoc C á r d e n a s , Rolando Cordera, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) José Narro, David Ibarra, Jesús Silva Herzog, Francisco Suárez Dávila y Enrique del Val, afirma que en México, entre 2000 y 2010 la fuerza de trabajo creció en 10 millones de personas y los empleos generados en ese periodo fueron sólo 3 millones.
El número actual de trabajadores es de más de 50 millones, de los cuales 28.8 millones están en la informalidad. Por ello, el país requiere una política de desarrollo que tenga como eje central la generación de puestos de trabajo, concluyen los citados expertos.
De acuerdo con su propuesta, esa destacable organización civil considera que en el país se necesita una reforma laboral, pero que supere la concepción simplista, que entiende los cambios sólo como la flexibilización de la contratación y el despido.
En ese sentido, el grupo sostiene que la muy baja creación de empleos es, en esencia, un problema de demanda laboral insuficiente, de crecimiento y escasa formación de capital. La puesta al día del marco legal, ante la nueva realidad tecnológica y la actividad mundial de la economía, pasa por la revisión a fondo de los sistemas de seguridad y protección social. Exige reconstruir los esquemas institucionales que rigen el mercado de trabajo, incluidos justicia laboral, transparencia, democracia y rendición de cuentas.
La propuesta de que se habla está contenida en el novedoso y pertinente documento Lineamientos de política para el crecimiento sustentable y la protección social universal, donde además se explica que la política laboral y sus reformas deben estar articuladas en una visión de desarrollo más amplia, sobre la cual también se propone avanzar en un sistema de protección social universal. Se trata de adecuar a nuestro tiempo el esquema limitado de seguridad social que adoptamos desde los años 40, cuyos resultados han sido claramente rebasados, se apunta.
La generación de empleos debe ser colocada en el centro de la estrategia de desarrollo, que debe ser entendida no sólo como mero subproducto.
No se pretende que el Estado asuma directamente la creación de puestos, pero su función es esencial para crear las condiciones de generación y estabilidad que impulsen el crecimiento y el empleo de calidad.
El modelo actual no ha logrado bajar los índices de desempleo, sin contar que los niveles de desocupación entre los jóvenes duplica la media nacional, lo que ha dado lugar a muchas formas de inactividad, con el riesgo de desencanto y descomposición social.
Tampoco ha logrado revertir la tasa de empleo a la registrada antes de la pasada crisis.
Todo lo anterior debería ser tomado en cuenta por los legisladores, pero resulta que no hay consenso ni entre ellos: están divididos y enfrentados. Cada día se agrava más y más el diferendo entre diputados de PRI y PAN en torno a la Reforma Laboral, iniciativa preferente de Calderón que, al parecer, ya va a tener su Día de Muertos.
Así es, las diferencias entre las bancadas en la Cámara de Diputados por el proceso parlamentario que seguirá la minuta de la reforma laboral se ahondaron, luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) anunciara su prisa por reiniciar la discusión del documento de referencia, en tanto que el Revolucionario Institucional (PRI) dice que la mesa directiva dará el trámite regular de cualquier iniciativa.
En efecto, el coordinador de los diputados priístas, Manlio Fabio Beltrones, ahora dice que habrá reforma laboral, porque a quien más le interesa que se apruebe es a Enrique Peña Nieto, que asumirá la Presidencia el primero de diciembre, y para esa fecha Felipe Calderón estará observándonos desde otro lugar mucho más tranquilo y cómodo. O sea, será cuando el PRI quiera, ni antes ni después.
Beltrones da cátedra: el trámite parlamentario a las minutas devueltas con cambios por el Senado está detallado en el artículo 72, fracción E, de la Constitución, donde se define que la cámara de origen sólo podrá discutir los artículos modificados, y si son aprobados por mayoría absoluta, el documento se enviará al Ejecutivo para su promulgación.
De no aceptarse las modificaciones, se devolverá la minuta al Senado, donde, si son desechadas nuevamente, sólo se enviará al Ejecutivo lo aprobado por las dos cámaras, pero si los senadores insisten en sus cambios, todo el proyecto sería desechado y discutido en el siguiente periodo de sesiones.
Por lo tanto, hay tiempo para seguir haciendo propuestas, tal y como la aquí presentada del ingeniero Cárdenas y sus amigos.
