El Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITEM) comunicó que durante la gestión de Silvano Aureoles Conejo se concedieron 956 permisos de transporte público al finalizar su mandato, los cuales fueron examinados para verificar su situación legal, dado que se encontraron varias anomalías en los procedimientos; 184 de ellos poseen un estado irregular, lo que ha derivado en 17 litigios de lesividad en el municipio de Zitácuaro.
La investigación sobre Silvano Aureoles y sus excolaboradores continúa; la FGR mantiene actividad en el caso: Bedolla. Según la información brindada a MiMorelia. com, el ITEM indicó que se identificó que numerosas concesiones no cumplían con el proceso estipulado en la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, así como con su reglamento; además, esta situación se instauró entre septiembre y diciembre de 2021, con un total de 956 concesiones facilitadas.
De este conjunto, el instituto, junto con la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), corroboró 776 permisos de transporte público tras el análisis de los expedientes, donde se autorizó llevar a cabo los pagos de revalidación, incluyendo 147 de servicio colectivo urbano en Morelia y 183 para la modalidad de taxis, además de otros municipios que recibieron alrededor de 40 en Uruapan, Zamora y Chilchota.
La Contraloría de Michoacán se declara como perjudicada en representación del gobierno estatal en el caso contra Silvano Aureoles; sin embargo, 184 concesiones están en estado irregular, dado que carecen de los expedientes completos; en el municipio de Zitácuaro se lleva a cabo un juicio de lesividad relacionado con 17 concesiones otorgadas. Esto implica que el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán impulsó un proceso contencioso-administrativo para invalidar la acción administrativa ilegal emitida, en ese momento, por la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), que favoreció a un individuo, perjudicando los intereses estatales.
Este procedimiento, según el ITEM, se está tramitando ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tiene un periodo general de cinco años para su inicio. Un sistema de transporte masivo es la propuesta para abordar la demanda en la parte poniente de Morelia: ITEM. Es relevante mencionar que la revisión es parte del proceso de depuración del registro de concesionarios del transporte público en Michoacán, con el fin de comprobar la legalidad de los permisos otorgados y asegurar mayor claridad en el sistema.
El tema del otorgamiento de concesiones de transporte ha sido históricamente controversial en Michoacán, especialmente cuando se realizan durante los últimos meses de una administración, ya que los transportistas han señalado que tales decisiones pueden ocasionar saturación del servicio y conflictos dentro del sector.
