“Pese al llamado constante que hemos hecho para que se hable con claridad del monto exacto de la deuda pública en Michoacán, así como el estado de las reestructuraciones con Banobras, las autoridades estatales no han querido dar el salto a la transparencia y rendición de cuentas con los michoacanos”, afirmó el senador Salvador Vega Casillas.
El legislador albiceleste vio con confianza que ahora sea a través de una orden dictada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), al Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), como se podrá hacer pública la información del Anexo 4 de la reestructuración de la deuda pública que se realizó el pasado 28 de junio del 2013.
“Es justo que los michoacanos estemos enterados de lo que sucede con las finanzas públicas, y ahora que el IFAI interviene, sustentando su ordenamiento en lo que marca el Artículo 134 de la Constitución, de que toda entidad debe transparentar los recursos públicos que recibe, incluidas las deudas que asume, sin ampararse en el secreto bancario, se ha dado un gran paso hacia la transparencia en el estado”.
El michoacano comentó que es pertinente conocer no solo el monto de la deuda, sino también la programación para el pago de la misma, los límites de gasto por concepto de servicios personales, el monto del balance operativo y fiscal, el límite de pasivo circulante de largo y corto plazo, el destino de los ingresos extraordinarios, así como el periodo para presentar las metas trimestrales y el formato de reporte de cumplimiento.
Vega asentó que también es necesario transparentar y conocer toda la información de la reestructura y refinanciamiento de los más de 9 mil 600 millones de pesos solicitado por el gobierno del estado el 25 de noviembre del 2014, para dar certeza a las finanzas públicas michoacanas.
Exigió a las autoridades estatales a ser responsables en el manejo de los dineros de los ciudadanos, pues la transparencia debería ser una acción cotidiana para generar confianza y no aplicarla de manera discrecional y por obligación constitucional.
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